
Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan, pidió reglas claras para el desarrollo de proveedores locales y cuestionó la falta de comunicación con la empresa Vicuña.
Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA), expresó su preocupación por la falta de diálogo con el Gobierno provincial y la empresa Vicuña, principal operadora del proyecto binacional Los Azules. En declaraciones radiales, Godoy advirtió que las pymes locales enfrentan incertidumbre creciente por la escasa información oficial y por un trato desigual en la cadena de valor minera.
Godoy explicó que Vicuña opera bajo un tratado binacional firmado entre Argentina y Chile, que permite el libre tránsito de bienes, insumos y personal entre ambos países para actividades de prospección y explotación minera. “Esto funciona casi como una zona franca, pero no se discute ni se comunica cómo impacta en los proveedores locales”, señaló.
El presidente de CAPRIMSA pidió al Gobierno provincial que aclare si este régimen seguirá funcionando sin ajustes: “Están ingresando camiones, maquinaria y personal desde Chile, y eso choca directamente con la cadena de valor local. Nosotros no estamos en contra, pero necesitamos saber con qué condiciones vamos a competir”.
Godoy también remarcó que la Cámara no ha tenido reuniones formales con el Gobierno provincial desde el inicio de la actual gestión.
Además, apuntó a la falta de información oficial sobre licitaciones: “Esta semana salieron tres o cuatro, incluso una muy conocida del rubro gastronómico, y la cámara no fue notificada. Eso antes era un acuerdo ministerial, que otras empresas como Gualcamayo o Barrick sí respetan”.
Godoy fue tajante al hablar de la empresa operadora del proyecto Los Azules: “No tenemos diálogo con Vicuña, hemos pedido reuniones pero no hay acercamiento. Hacen y deshacen como quieren, amparados en el tratado binacional. Esto no afecta solo a proveedores, sino también a los trabajadores mineros locales”.
El dirigente subrayó la necesidad de crear una mesa tripartita entre Gobierno, empresas y proveedores, para trabajar con transparencia y previsión.


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