La Defensora del Pueblo presentó un amparo colectivo para frenar la suspensión de pensiones por invalidez

La acción judicial reclama la restitución inmediata de los haberes y la inconstitucionalidad del decreto nacional que habilitó las bajas en San Juan. “No vamos a permitir retrocesos en derechos humanos”, afirmó Florencia Peñaloza.

La Defensora del Pueblo de San Juan, Dra. Florencia Peñaloza, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en la provincia desde abril de este año. La acción judicial se dirige contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El amparo, acompañado por beneficiarios afectados, solicita además que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, norma que, según la Defensoría, reinstauró criterios restrictivos ya superados, en perjuicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que las auditorías aplicadas por la ANDIS no respetan los estándares constitucionales ni los tratados internacionales de derechos humanos, y que las suspensiones se dieron sin instancias adecuadas de notificación, defensa ni evaluación individualizada.

La presentación judicial incluye además una medida cautelar, que busca impedir nuevas suspensiones mientras dure el proceso judicial.

Peñaloza fue contundente al afirmar que las medidas implementadas por el Estado Nacional representan un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos, especialmente frente a un sector históricamente postergado.

La causa ahora queda en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar la admisibilidad del amparo y pronunciarse sobre las medidas solicitadas.