El Gobierno avanza con un decreto para modificar la Ley de Glaciares y habilitar nuevos proyectos extractivos

La medida busca reducir el alcance de las zonas protegidas y responde a la presión del sector empresarial. Críticas por su posible impacto ambiental.

El Gobierno nacional se encuentra en las etapas finales de un decreto que modificará la reglamentación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), con el objetivo de limitar el alcance actual de las zonas protegidas y facilitar el avance de proyectos mineros, hidrocarburíferos e industriales en áreas de alta montaña.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y coordinada por la Secretaría de Legal y Técnica, surge como respuesta directa a la presión de sectores empresariales que reclaman mayor "seguridad jurídica" para desarrollos productivos hoy restringidos por la normativa ambiental vigente.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece la prohibición de actividades que puedan afectar las funciones hídricas de glaciares y áreas periglaciares, incluyendo sanciones severas que van desde multas hasta el cierre de operaciones. Sin embargo, el nuevo decreto propone una interpretación más restrictiva del concepto de “zona protegida”.

Según trascendió, solo quedarían bajo protección legal los cuerpos de hielo de más de una hectárea, con una duración mínima de dos años y funciones hídricas comprobadas, siempre que estén identificados en el Inventario Nacional de Glaciares. Esta nueva definición dejaría fuera vastas zonas periglaciares, actualmente vedadas a la actividad económica.

Desde el oficialismo aseguran que se mantendrá la exigencia de estudios de impacto ambiental y que tanto los glaciares descubiertos como los cubiertos continuarán protegidos. Además, el Ejecutivo busca ampliar la participación de las provincias en la toma de decisiones sobre la gestión de sus recursos naturales.

Cabe recordar que estos cambios ya habían sido incluidos en el borrador original de la Ley Bases, sancionada en 2024, pero fueron descartados en la versión final por falta de apoyo legislativo.

En febrero de ese año, cinco relatores especiales de Naciones Unidas emitieron una advertencia formal al Estado argentino, calificando los cambios propuestos como “regresivos” y señalando su posible impacto negativo en el medioambiente y en la labor de los defensores ambientales.