Amenaza de bomba en el Hospital Rawson: investigan si la llamada fue realizada desde el interior del nosocomio

El fiscal Ignacio Achem brindó detalles sobre la investigación en curso tras una amenaza de bomba recibida en el Hospital Guillermo Rawson.

La alerta, que ingresó por vía telefónica al 911, generó la activación inmediata de los protocolos de seguridad coordinados entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan.

Según explicó Achem, el llamado advertía sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo en el hospital, coincidiendo con la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud. La amenaza obligó a evacuar el edificio y movilizar a las fuerzas de seguridad especializadas.

Tras iniciar la trazabilidad de la llamada, las autoridades lograron identificar la línea desde la cual se efectuó el aviso. La geolocalización del teléfono coincidía con la zona del propio hospital, lo que incrementó las sospechas de que la amenaza podría haber sido originada desde el interior o las inmediaciones del nosocomio.

En ese marco, fue demorada una mujer, titular de la línea telefónica desde la que se realizó el llamado. Se trata de una médica del establecimiento, según trascendió.

El fiscal aclaró que la sospechosa no está detenida, sino en libertad, y que no cuenta con antecedentes. "Se están realizando las pericias técnicas al celular, resguardando las cámaras de seguridad del hospital y del CISEM en las adyacencias. También se están tomando testimonios para esclarecer si fue la autora material del hecho", indicó.

Sobre la posibilidad de que el teléfono haya sido hackeado, Achem señaló que esa versión fue mencionada de forma informal por el abogado defensor, pero que hasta el momento no existe una presentación formal que lo respalde en el expediente.

La carátula de la causa es por intimidación pública, un delito que contempla penas de entre dos y seis años de prisión. Más allá de lo legal, como ciudadano agradezco que la amenaza haya resultado falsa.

La investigación continúa en curso y las autoridades buscan reunir pruebas objetivas antes de tomar nuevas medidas. Por ahora, el foco está puesto en determinar con precisión la autoría del llamado y si efectivamente la médica demorada tuvo participación directa en el hecho.