El Concejo Deliberante de Caucete interpelará a la intendenta Romina Rosas por la deuda con DECSA

El cuerpo legislativo busca explicaciones sobre el millonario pasivo por alumbrado público y los mecanismos de control aplicados por el Ejecutivo.

El conflicto entre la Municipalidad de Caucete y la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA) sumó un nuevo capítulo este jueves 15 de mayo, cuando el Concejo Deliberante local aprobó convocar a una interpelación a la intendenta Romina Rosas. La decisión fue tomada al término de una extensa sesión ordinaria en la que los ediles acordaron que la jefa comunal deberá brindar explicaciones formales sobre la millonaria deuda acumulada con la distribuidora de energía por el servicio de alumbrado público.

Según lo establecido por el cuerpo deliberativo, la interpelación incluirá un informe detallado del estado actual de la deuda con DECSA, los antecedentes que motivaron su acumulación, los montos facturados hasta el último mes registrado, el contenido de la auditoría municipal que cuestiona los valores reclamados por la empresa, y toda la documentación presentada tanto ante la distribuidora como ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Aunque aún no se fijó la fecha de comparecencia, los concejales esperan que la intendenta se presente en los próximos días.

El origen del conflicto radica en una deuda que, según informó Daniel Castro, actual interventor de DECSA, supera los 630 millones de pesos. El funcionario indicó que si bien el pasivo viene acumulándose desde hace años, se agravó notablemente desde septiembre de 2024, cuando el EPRE reconoció una deuda oficial de 465 millones. Desde entonces, el municipio no habría cumplido con el plan de pagos propuesto ni abonado suma alguna, lo que incrementó el monto a los valores actuales.

En respuesta, la intendenta Rosas presentó una auditoría interna que pone en duda las cifras reclamadas por la empresa. El municipio sostiene que existe una sobrefacturación, especialmente atribuida a una estimación desactualizada del parque lumínico, lo que cuestiona la metodología de cálculo utilizada por la empresa. Desde DECSA, Castro aseguró que los valores se calculan con parámetros consensuados con el municipio desde 2016 y auditados por el ente regulador. “Estamos dispuestos a revisar los valores si es necesario, pero hay una deuda real que debe resolverse”, señaló el interventor.

El conflicto también escaló en el plano político. El concejal opositor Emanuel Castro, del bloque Cambia San Juan, criticó duramente al Ejecutivo municipal, al que acusó de haber incrementado un 40% la planta política pese a la crítica situación financiera. Según el edil, se crearon más de 25 nuevas áreas de gestión, elevando el gasto en personal a más del 80% del presupuesto. Castro ya había anticipado que, de no recibir respuestas claras, recurrirían a herramientas institucionales como la interpelación.