Sancionaron la ley de financiamiento universitario, pero en la UNSJ predomina la cautela ante un posible veto

Con 58 votos afirmativos, el Congreso aprobó la norma que garantiza fondos para funcionamiento, paritarias y becas. En San Juan celebran el avance, aunque con reservas por una eventual decisión del Ejecutivo nacional.

Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria Pública, un proyecto que busca garantizar el sostenimiento del sistema a través de la actualización del presupuesto, la reapertura de paritarias para docentes y no docentes, nuevos fondos para becas y un fondo extraordinario de $10.000 millones.

En la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el proyecto es visto como un avance positivo, pero la expectativa está moderada por la posibilidad de un veto presidencial. Así lo expresó el secretario Administrativo y Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca: “Uno no se quiere ilusionar mucho porque ya sabemos cuál ha sido el recorrido, por ejemplo, de la ley para los jubilados”.

Coca explicó que la ley representa dos ejes fundamentales para las universidades: una recuperación del salario del personal y una actualización de los fondos operativos, ambos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

“Desde la asunción de este gobierno, siempre se ha estado por debajo del IPC. Se ha perdido prácticamente el 35% del poder adquisitivo. Por el lado del presupuesto, ha sido de los más castigados también: un 30% de recorte”, indicó.

El funcionario detalló que, en enero de este año, la UNSJ comenzó con 480 millones de pesos, cuando había cerrado 2024 con 1.000 millones, lo que generó una situación crítica. Recién en abril comenzaron a recibir 700 millones, cifra aún insuficiente frente a los costos actuales.

El texto aprobado establece que el Poder Ejecutivo deberá recomponer, a partir del 1 de enero de 2025, los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024. Además, ordena actualizaciones bimestrales durante todo el 2025.

También se establece que los salarios docentes y no docentes deberán actualizarse desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC acumulado.

Pese al amplio respaldo legislativo, persiste la preocupación por el anuncio del presidente Javier Milei, quien anticipó que vetará la norma. En ese contexto, desde las universidades nacionales se insiste en la importancia de sostener el sistema público como un derecho esencial para millones de estudiantes.