La Provincia recupera viviendas deshabitadas y reactivará complejos de Casa Activa para alojar a niños

El IPV inició el proceso de revocación de 100 viviendas abandonadas y el Gobierno provincial avanza en la puesta en valor de dos complejos de Casa Activa para alojar a menores de edad.

El Gobierno de San Juan dio esta semana dos pasos clave en materia habitacional y social. Por un lado, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) comenzó el proceso de revocación de adjudicación sobre 100 casas deshabitadas en distintos puntos de la provincia. Por el otro, se confirmó que los dos complejos habitacionales del programa Casa Activa, ubicados en Pocito y Chimbas, pasarán formalmente a manos del Ejecutivo local, que los destinará al alojamiento de niños menores de 11 años.

En el frente social, el Gobierno provincial logró destrabar la cesión de los dos complejos de Casa Activa. A fines de la semana pasada, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados firmó la cesión de los inmuebles, que originalmente estaban destinados a personas mayores sin vivienda. Sin uso desde su construcción, ahora serán reacondicionados para alojar a unos 100 menores institucionalizados.

Los complejos, construidos en 2022 y paralizados tras el cambio de gestión nacional, cuentan con 32 viviendas cada uno, 20 monoambientes y 12 de un dormitorio, además de biblioteca, pileta, huerta, parrilla, y Centros de Día con atención médica y terapéutica. “Esto le va a cambiar la vida a muchos chicos”, señaló el gobernador Marcelo Orrego, quien confirmó la firma de una carta de intención con Nación para concretar el traspaso definitivo.

Una vez terminadas las obras, los edificios pasarán a ser administrados por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que conduce Carlos Platero. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia será la encargada de definir el funcionamiento de los nuevos hogares. Se prevé que los complejos alberguen inicialmente a niños menores de 11 años. Actualmente, cerca de 200 niños y niñas viven en residencias estatales; la mitad de ellos podrían ser trasladados a los nuevos espacios.