Diputados también aprobó la emergencia en discapacidad

Movilizaciones en todo el país pidieron por pensiones por discapacidad y actualización de retribuciones para los prestadores de servicios.

Crisis en discapacidad: qué dice el proyecto de emergencia

 El diputado Daniel Arroyo, impulsor de proyecto de declaración de emergencia para discapacidad.

Luego de la aprobación de mejoras para jubilados, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de emergencia para discapacidad. Con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, dieron luz verde al proyecto presentado por Unión por la Patria.
 
La emergencia en discapacidad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive. La ley aprobada durante la madrugada de este jueves pretende una mejora en las asignaciones que reciben y en la calidad de vida, y contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.
 
La jornada de ayer estuvo marcada por la marcha multitudinaria frente al Congreso, donde además se impulsaron debates por líneas de financiamientos para la salud pediátrica, la universidad pública y emergencias para zonas afectadas por temporales.

Diputados aprobó ley que declara emergencia en discapacidad

El proyecto que obtuvo luz verde en la Cámara baja propone saldar deudas y actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares). Asimismo, postula aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.

"Es una ley que está fuera de la grieta y busca atender lo que es una verdadera emergencia y crisis profunda que viven las familias y las personas con discapacidad", planteó el bonaerense Daniel Arroyo (Unión por la Patria), autor de proyecto, quien agregó que "cuando un Gobierno designa a un funcionario frente al área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad".

La iniciativa, que tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Desde el oficialismo acusaron a la oposición de hacer demagogia con las necesidades de un sector vulnerable y dieron a entender que el presidente Javier Milei también lo vetará, junto con los proyectos para aumentar las jubilaciones.

Se aprobó la declaración de emergencia en ciudades inundadas
Sobre tablas, se trató la declaración de emergencia para las ciudades inundadas en el noreste de la provincia de Buenos Aires, para definir partidas presupuestarias para inversiones prioritarias en las regiones afectadas por el temporal.

De manera unánime se aprobó el proyecto de ley que estipula declarar como “zona de emergencia y en situación de catástrofe” por un plazo de 180 días a las zonas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe que recientemente resultaron damnificadas por severas inundaciones.

La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, declara la emergencia por 180 días en Bahía Blancay crea un fondo especial de $200.000 millones.

Luego de tratar una resolución para la conformación de la comisión $LIBRA, se tratará el emplazamiento de las comisiones de Educación y Presupuesto, que aspira a sacar de la parálisis a los espacios presididos por el oficialismo para poder tratar la ley de Financiamiento Universitario, presentado el pasado miércoles por los rectores académicos bajo tres premisas: reapertura de paritarias, fondos para garantizar el funcionamiento y partidas para sostener y reactivar las becas.

Misma situación se dará con una iniciativa proveniente de la Comisión de Salud, que luego de convocar a trabajadores del Hospital Garrahan consiguió dictaminar la Emergencia Pediátrica y de Residencias Nacionales. Sus objetivos son similares a los del sector universitario: el emplazamiento en las comisiones de Presupuesto y Familias para garantizar la recomposición salarial del personal sanitario; los fondos necesarios para insumos, infraestructura elemental y tecnologías médicas; y exención del pago de Ganancias a quienes se desempeñen en actividades críticas o realicen horas extras.

 
La propuesta que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados propone una mejora excepcional por única vez del 7,2% acumulativo para todos los niveles jubilatorios, correspondientes al desfasaje que existió en el 2024 cuando se estableció el nuevo esquema jubilatorio por decreto. A su vez, se fijará por ley el sistema de actualización previsional previsto por el DNU 274/2024, que incrementa los haberes según el índice de inflación registrado dos meses antes.

Asimismo, se actualizará el bono de $70.000 para los jubilados de menor escala (valor congelado desde el gobierno de Alberto Fernández) para llevarlo a $110.000. Este valor comenzará a actualizarse mensualmente, de forma independiente y acumulativa, según lo dispuesto por el índice de movilidad jubilatoria.

Por otro lado, se restituirá la moratoria previsional para aquellos trabajadores con edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para varones) pero menos de 30 años de aportes, ofreciéndoles la posibilidad de cobrar la jubilación mínima. Se estima que cualquier sistema alcanzaría a más de 240.000 personas este año.

Otras de las aprobaciones es que el Estado nacional tendrá que pagar anticipos mensuales por las deudas a las cajas jubilatorias de las 13 provincias. Esos desembolsos tienen que actualizarse por el Índice de Movilidad Jubilatoria que tiene el sistema nacional. Desde la asunción de Javier Milei, se estima que la ANSES acumuló una deuda superior a los $2 billones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo fiscal del 0,084% del PBI para el primer año de la moratoria previsional y 0,081% para el segundo, además de un 0,3% del PBI en el incremento del bono. El argumento oficialista reitera la irregularidad de las propuestas de bonos y moratoria, además de hacer énfasis en el gasto que implican estas medidas, con cálculos distintos difundidos por Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados: 0,35% del PBI en el bono y 0,2% de la moratoria.