Docentes de Apoyo a la Inclusión y prestadores por la discapacidad volvieron a marchar reclamando condiciones dignas y una ley urgente

Con un “paro activo”, exigieron la actualización del nomenclador y el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Aseguran sentirse desamparados entre los ministerios de Salud y Educación.

En una nueva jornada de lucha, los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) y otros profesionales que trabajan con personas con discapacidad en San Juan realizaron un “paro activo” y una movilización que partió desde la Superintendencia de Servicios de Salud y culminó en la Legislatura provincial. La protesta, la segunda en una semana, busca visibilizar la crítica situación que atraviesan por pagos desactualizados, falta de regulación laboral y el vacío legal en el que se encuentran.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la actualización del nomenclador, que fija el valor que cobran por sus servicios que, actualmente, se paga $307.650 por cada niño atendido, un valor congelado desde diciembre de 2023. Esta cifra no contempla actualizaciones por inflación ni reconoce el aumento en la carga laboral.

La falta de encuadre legal y regulatorio profundiza el conflicto. Muchos profesionales son monotributistas y no tienen respaldo ni del Ministerio de Salud ni del de Educación. “Estamos a la deriva. Educación dice que no puede hacernos parte porque hay psicopedagogos o estudiantes avanzados que no son docentes recibidos. Salud tampoco, porque trabajamos en escuelas. Así vamos rebotando de un lado a otro sin respuestas”, resumió una de las manifestantes.

El trasfondo de esta crisis laboral impacta directamente en las personas con discapacidad y sus familias. La Ley Nacional 24.901 garantiza prestaciones, pero en la práctica los pagos no alcanzan. Desarrollo Humano otorga un subsidio de $220.000, pero el monto restante (casi $88.000) debe ser cubierto por las familias. 

Como solución, los manifestantes pidieron apoyo legislativo para la Ley de Emergencia en Discapacidad (7861-D-2024), que propone:

• Actualización mensual del nomenclador según el IPC
• Regularización de pagos atrasados
• Garantía de continuidad de los servicios
• Refuerzos en las pensiones no contributivas

La marcha también contó con la presencia de padres y familiares de personas con discapacidad, quienes apoyan el reclamo. El sector anticipa que continuará con las medidas si no hay respuestas concretas en los próximos días.