Por un voto, el senado rechazó Ficha Limpia

No se convirtió en ley el nuevo intento de reforma electoral del Gobierno. Dos senadores, habituales aliados del oficialismo, fueron claves.
 

 El peronismo se resiste a la reforma en el Senado.

Frente a un panorama de incertidumbre, el Senado no aprobó en el recinto la ley de Ficha Limpia, que ya se aplica en nueve provincias del país y pretendía inhibir a personas a participar de elecciones y ser funcionarios si tienen condenas en segunda instancia. La votación tuvo 36 votos a favor y 35 rechazos (se ausentó el peronista Bensusán), por lo que no llegó a la mayoría simple (37). El cambio de postura de dos senadores del Frente Renovador misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, trastocó la victoria libertaria.

El proyecto ensanchó la grieta. En sus exposiciones, los miembros del bloque de Unión por la Patria consideraron que la propuesta es inconstitucional porque representaba una intromisión de la justicia en la política y aseguraban que tiene como único objetivo proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Sus discursos daban por hecho que la ley se concretaba. El oficialismo, con impulso de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los provincialistas, entendieron en sus intervenciones que se acrecentaba la transparencia institucional y que se ofrecía un mensaje a la sociedad. Sus alocuciones también mostraban cierto triunfalismo.

 
Los misioneros, habituales aliados de Casa Rosada (que desde diciembre del 2023, respaldaron todas sus posturas), no tomaron la palabra y sorpresivamente votaron en contra. Solo existía un antecedente que establece un manto de duda: la firma en disidencia de los diputados misioneros al proyecto. La definición se dio en la antesala de elecciones en esa provincia, en donde La Libertad Avanza se debate en competir con el candidato del oficialismo provincial. Otras fuentes parlamentarias apuntan a un pedido directo de Casa Rosada a que tomen esa posición para evitar una aprobación de Ficha Limpia, que le otorgue un triunfo simbólico a Silvia Lospennato, principal impulsora del proyecto y candidata del PRO en la ciudad de Buenos Aires contra la lista libertaria.
 
Anabel Fernández Sagasti y Bartolomé Abdala, dos posturas antagonistas en el Senado.

Durante el debate, se aprobó por unanimidad (64 votos, ante las ausencias) el proyecto que declara zona de emergencia y en situación de catástrofe durante 180 días a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales por el temporal de marzo. El proyecto, de autoría de la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, difiere del aprobado en Diputados en marzo -de Victoria Tolosa Paz, del mismo partido-. Por lo tanto, ahora la iniciativa tiene que volver a votarse en la Cámara baja.

Además, al inicio de la sesión, Unión por la Patria intentó tratar sobre tablas la interpelación a dos funcionarios del Poder Ejecutivo, para que respondan respuestas en torno al caso $LIBRA: Karina Milei y Luis Caputo. “Los que quieren votar Ficha Limpia son los mismos que no quieren hablar del caso $LIBRA”, justificó el jefe del bloque, José Mayans, en la previa a la sesión. La propuesta no se concretó: se requería del acompañamiento de dos tercios del recinto pero en ambos casos reunió 35 votos a favor y 34 en contra.

En un acto protocolar, los senadores apoyaron de manera unánime, con 55 votos a favor, los pliegos del Poder Ejecutivo para designar a Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia como embajadores argentinos ante Estados Unidos y España, respectivamente.

 
Juliana Di Tullio, impulsora de la declaración de emergencia en Bahía Blanca.

Senado debatió Ficha Limpia

Entre las voces de la UCR se escuchó al catamarqueño Flavio Fama quien analizó que la "clase política tiene que recuperar la credibilidad" y por eso "Ficha Limpia no tiene que ser un botín de guerra": "Debe ser un gesto de madurez política frente a la sociedad que permanentemente nos rechaza y nos desconoce". "Evitar que participen de las elecciones aquellos que han sido condenados es un gran paso para caminar hacia una Argentina decente y honesta", concluyó.

Luego, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza) "es un reclamo legítimo, urgente y sostenido de la sociedad" que "durante años chocó contra obstáculos de la política, falta de interés y maniobras para tratar de frenarla". "La figura del doble conforme resuelve el dilema que hay entre la presunción de la inocencia y proteger el interés público. Es un equilibrio justo y constitucional. Esta no es una ley que busca proscribir a alguien". planteó.

Dentro del PRO, la porteña Guadalupe Tagliaferri remarcó que "este proyecto es el resultado de la lucha de miles de argentinos que creen que la política debe ser ejemplo de compromiso, y no la excepción. Este proyecto va a mejorar la calidad de nuestra representación política, porque en definitiva es un mensaje claro que podemos dar: no da lo mismo ser corrupto que no serlo". "Ficha Limpia representa un límite ético, porque el límite moral no los impidió a cometer actos de corrupción", añadió.

Como parte del peronismo, la jujeña Carolina Moisés calificó a la ley como "una gran estafa para la sociedad argentina: los delincuentes que manejan el poder real jamás tendrán una sentencia, mientras se esconden detrás de un eslogan o de un juez. Con este proyecto le estamos dando aún más discrecionalidad a los jueces para actúen dentro del sistema político a su voluntad". A su vez apuntó que "este proyecto multiplica la judicialización de la política y la corrupción en un sistema que está enfermo. El filtro moral se atraviesa a través de pueblo y voto". "Ninguno de ustedes quieren esta ley. Todos creen que es horrible", añadió en su cierre la bonaerense Juliana Di Tullio.

 
Luis Juez acompañó el proyecto de reforma electoral.

Ficha Limpia: qué decía el proyecto

El proyecto de Ficha Limpia contempla que no puedan ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción como cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.

El proyecto prevé que se aplique únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25° del Código Electoral Nacional. Según el mismo, los padrones provisorios deben presentarse 180 días antes de la elección general. "La inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente", plantea el proyecto.

La propuesta también excluye a la posibilidad de ser funcionarios del Ejecutivo: "No podrán ser designadas como jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático [...], ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos".

 
Guadalupe Tagliaferri y Martín Lousteau, aliados y acompañantes del proyecto.

Actualmente, la Ley 23.298 - de Partidos Políticos - ya limita a quienes pueden ser candidatos a cargos electivos. En detalle, el listado está compuesto por “los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes”.

El criterio para excluir personas del padrón electoral está fijado en el Código Nacional Electoral, que excluye a los “condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad” mientras dure la condena. Por otro lado, también se prohíbe ser candidatos al personal superior y subalterno de las fuerzas armadas y de seguridad, los magistrados, los directivos de compañías concesionarias de servicios públicos y las personas con procesamiento o condena por crímenes de lesa humanidad.