San Juan explora un nuevo sistema de participación público-privada para la construcción de viviendas

El ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, confirmó que la gestión del gobernador Marcelo Orrego está trabajando en un novedoso sistema de participación público - privada para la construcción de viviendas, con el proyecto inicial de unas 200 casas.

Aunque Perea prefirió no dar detalles sobre el mecanismo específico, destacó que están explorando alternativas basadas en experiencias internacionales que podrían incluir la colaboración entre el sector público, privado y financiero.

Este cambio de enfoque representa una ruptura con el esquema tradicional en el que tanto la Nación como la Provincia financian la construcción de viviendas, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que licitaba, controlaba y pagaba a las empresas constructoras. Sin embargo, con el actual contexto político nacional y el enfoque de la gestión de Javier Milei, que ha dejado en claro que no enviará fondos para viviendas y que los planes de ejecución estarán en manos de las provincias, San Juan se ve obligada a explorar nuevas opciones.

Pese a este ajuste en la financiación, la gestión orreguista continuará con la entrega de viviendas del IPV. Según Perea, se tiene previsto un cronograma de construcción de 1.250 casas para el próximo año, con una proyección de 1.400 viviendas para 2026, según la directora del IPV, Elina Peralta. Sin embargo, la demanda habitacional sigue en aumento, con más de 90,000 inscriptos en el padrón del organismo. Es por eso que, además de continuar con los proyectos tradicionales, el Gobierno provincial trabaja en alternativas innovadoras para satisfacer esta creciente demanda.

El nuevo modelo de participación público - privada

El modelo que se está analizando incluye la colaboración con el sector privado y bancos, buscando alternativas para garantizar la construcción de viviendas sin depender completamente del financiamiento estatal. La propuesta contempla que los interesados en adquirir una vivienda reciban un subsidio estatal, el cual podrán utilizar para comprar una propiedad dentro de las opciones ofrecidas por los desarrolladores y constructores privados.

Este esquema de “triangulación” funcionaría de la siguiente manera: las empresas constructoras adquirirían terrenos y edificarían viviendas. Los beneficiarios del subsidio estatal utilizarían dicho documento como parte de su pago a la constructora, mientras que la diferencia entre el valor de la vivienda y el subsidio sería cubierta con un préstamo otorgado por los bancos. De esta forma, se le otorgaría a las personas un acceso más directo a la propiedad, incluso en aquellos casos en los que no pudieran acceder a un crédito de manera convencional.

Seguridad para los sectores vulnerables

En cuanto a las personas que no tienen acceso al crédito o que pertenecen a sectores más vulnerables, se prevé que el IPV continúe con su sistema tradicional de asistencia. Esto incluiría la entrega de viviendas y un sistema de pago en cuotas para recuperar lo invertido. De esta forma, el Gobierno provincial buscaría abarcar tanto a los sectores con capacidad crediticia como a aquellos más necesitados, garantizando que todos tengan la posibilidad de acceder a un hogar propio.

¿Qué pasará con los terrenos adquiridos por el IPV?

Durante la gestión anterior, el IPV adquirió terrenos para futuros planes habitacionales. A raíz del cambio en la política de financiamiento nacional y las nuevas alternativas que está implementando la gestión Orrego, se barajan varias opciones sobre cómo utilizar esos terrenos. Una posibilidad sería que el organismo licite la construcción de barrios, mientras que otra alternativa sería ceder los terrenos a las constructoras privadas, reservando un cupo para el Estado y utilizando el sistema de sorteos para asignar las viviendas a las personas.