Una controversia surgió en torno a la compra de 150 computadoras, impresoras y tablets, adquiridas por la gestión anterior gracias a fondos provenientes de la Nación.
La transacción, valorada en 90 millones de pesos, ha dejado una serie de interrogantes, ya que los equipos figuran como recibidos, pero no se encuentran en las dependencias policiales a las que fueron destinados ni en el Centro de Información de Emergencias y Seguridad (Cisem 911).
La situación tomó un giro judicial tras una denuncia presentada por el exjefe de Policía, Luis Martínez, quien solicitó al Ministerio Público una investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la compra. Inicialmente, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales requería un informe a la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, el cual no fue respondido adecuadamente, llevando al archivo de la causa. Sin embargo, un reciente documento de esta entidad confirma la falta de los equipos adquiridos, así como un sumario administrativo que intenta desligar responsabilidades dentro de la fuerza.
El informe detalla que la compra se realizó mediante un cotejo de precios con tres proveedores, y se acompaña de la factura correspondiente y un remito que supuestamente acredita la recepción de los equipos. No obstante, un tercer documento revela que, en una investigación interna de la Policía, se determinó que los dispositivos nunca llegaron a sus destinos.
Este caso es especialmente crítico, ya que los fondos utilizados eran específicos y fueron depositados en una cuenta bancaria destinada únicamente para esta compra. Según se detalla, la Provincia recibió tres transferencias de 30 millones de pesos cada una desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, la rendición de cuentas realizada ante la Nación se considera "no correcta" al no poder demostrar la existencia de los equipos.
Debido a que se trata de recursos nacionales, la fiscalía local se declaró incompetente y remitió el caso a la Justicia Federal, que deberá decidir sobre la continuación de la investigación. Si el juez de Garantías coincide con la fiscalía, el caso pasará al Ministerio Público Federal, que determinará su competencia para avanzar.
A pesar de las irregularidades expuestas, la investigación aún no señala a personas específicas como responsables. Sin embargo, la situación genera preocupación, dado que se realizó una compra con fondos destinados a un propósito específico, y existe documentación que respalda la adquisición, mientras que los equipos continúan desaparecidos.
Este escándalo se enmarca en un convenio firmado en mayo de 2022 entre San Juan y la Nación, que implicó un aporte de 100 millones de pesos para la implementación de un sistema de identificación de antecedentes.