La mega causa por presuntas estafas de la firma Branka Motors dio un giro drástico en los Tribunales de San Juan. La jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, resolvió revocar el acuerdo de reparación integral y ordenó el traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial de los imputados Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega. La medida se tomó luego de que la Fiscalía y las querellas acreditaran el incumplimiento de la primera cuota del convenio de pago destinado a resarcir a las víctimas.
El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, fue tajante respecto al futuro del proceso: "No va a haber una nueva propuesta y tampoco otra posibilidad de acuerdo". Según el funcionario, quedó demostrada una "reticencia absoluta" y una falta de buena fe por parte de los acusados, quienes no presentaron documentación ni pedidos de prórroga que justificaran la falta del depósito de los fondos comprometidos.
El convenio, que había sido homologado en abril, establecía la devolución de más de 524 millones de pesos para compensar a 356 damnificados por maniobras fraudulentas en la venta de motocicletas. Durante la audiencia, los acusados intentaron justificar la mora alegando gestiones fallidas para obtener préstamos en Mendoza, argumentos que fueron desestimados por la magistrada al no contar con respaldo probatorio. El clima de tensión escaló cuando uno de los imputados lanzó una provocación a las víctimas al decir "pídale a Dios que pague", frase que selló el malestar en la sala.
Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por un plazo de cinco meses, entendiendo que el incumplimiento y la conducta de los acusados configuran riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Con la revocación del beneficio de libertad, los tres hombres salieron esposados de la sede judicial rumbo al Penal de Chimbas.
La investigación continuará ahora su curso penal ordinario. La escala prevista para el delito de defraudación por engaño oscila entre un mes y seis años de prisión, aunque el concurso real por la cantidad de hechos denunciados podría elevar significativamente una eventual condena en un futuro juicio oral. En paralelo, la Fiscalía confirmó que los bienes presentados como garantía permanecen embargados y se analiza avanzar con la ejecución de los mismos, mientras que los damnificados deberán recurrir a la vía civil para intentar recuperar sus ahorros.
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