El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, defendió ante las comisiones de la Cámara de Diputados los aspectos centrales del Proyecto de Ley de Desarrollo Minero Local. La iniciativa, que ya ingresó en la etapa de debate legislativo, tiene como metas fundamentales dinamizar el mercado laboral de la provincia y ampliar la inserción de las empresas locales en la cadena de valor minera.
Según explicó el funcionario, el marco normativo propone herramientas basadas en la planificación estratégica y la previsibilidad para el sector. Uno de los puntos de partida de la ley consiste en precisar técnicamente las condiciones que determinan cuándo un trabajador o una empresa es considerada "local", introduciendo además un tratamiento diferenciado y de fomento para los emprendimientos radicados en las comunas donde se ubican los yacimientos.
Planes de demanda y capacitación
La normativa prevé que las operadoras mineras tengan la obligación de confeccionar planes de desarrollo detallados. En estos documentos, las compañías deberán proyectar y comunicar de manera anticipada sus necesidades futuras en materia de personal, bienes y prestaciones de servicios.
Esta base informativa permitirá que el Estado y el sector privado puedan anticiparse a los requerimientos de los proyectos. De esta manera, se buscará orientar de forma eficiente los programas de capacitación laboral y promover las inversiones necesarias para robustecer la capacidad técnica de la oferta sanjuanina.
Metas de contratación y crédito fiscal
Fernández aclaró que la legislación dejará de lado el esquema de cupos obligatorios y, en su lugar, fijará objetivos de cumplimiento progresivo para cada emprendimiento. La propuesta oficial aspira a consolidar una tasa del 80% de empleo de origen local y que el 60% de las operaciones comerciales de bienes y servicios disponibles en la provincia se realicen con proveedores sanjuaninos.
Para incentivar a las operadoras mineras a alcanzar estos parámetros, el proyecto establece que aquellas empresas que cumplan con los compromisos asumidos recibirán un beneficio económico canalizado a través de bonos de crédito fiscal.
Finalmente, el titular de la cartera productiva remarcó que el texto de la norma fue diseñado para mantener una absoluta sintonía constitucional y compatibilidad con las herramientas macroeconómicas nacionales, tales como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), asegurando al mismo tiempo una mayor transparencia en los procesos licitatorios del sector.
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