El cese definitivo del traslado de producción desde el yacimiento Hualilán hacia la planta de procesamiento de Casposo significará para el municipio de Calingasta una pérdida directa estimada en unos 800 millones de pesos mensuales. La interrupción del circuito productivo golpea severamente a la cadena de valor regional, perjudicando actividades clave como el transporte, el expendio de combustibles, la hotelería, los servicios gastronómicos y la contratación de mano de obra local.
El intendente calingastino, Sebastián Carbajal, lamentó la dilución de las expectativas de crecimiento comercial tras la confirmación realizada por la firma Challenger Gold. La compañía minera modificó su modelo operativo inicial para construir un complejo de procesamiento propio en la localidad de Ullum, proyecto proyectado recién hacia fines de la década, descartando definitivamente la integración con las instalaciones existentes en Calingasta.
Contratos cancelados y desacuerdo con los beneficios fiscales
El conflicto operativo comenzó a gestarse a mediados de año, cuando se suspendieron los contratos con transportistas locales previstos para movilizar 720.000 toneladas de roca mineralizada a lo largo de 165 kilómetros. Aunque inicialmente se atribuyó la detención a un desajuste técnico en los volúmenes extraídos, el anuncio definitivo sobre la construcción del nuevo complejo sepultó las esperanzas de reactivación en la comuna.
Frente a este escenario, Carbajal contrapuso las garantías normativas que amparan a los inversores internacionales con la vulnerabilidad en la que quedan los municipios productivos. Cuestionó que los esquemas de protección legal y económica como el RIGI amparen a las corporaciones, mientras que los estados locales terminan asumiendo las consecuencias de la desocupación y la interrupción abrupta de sus proyectos de desarrollo.
Alternativas para sostener la planta de Casposo
A pesar de haber perdido los puestos de trabajo indirectos y la facturación vinculada al yacimiento ullumero, la mina Casposo continúa operativa a una escala más acotada. Con el fin de amortiguar el perjuicio socioeconómico y dinamizar el entramado comercial del departamento, las autoridades comunales proponen articular acuerdos para que pequeños emprendimientos mineros de la provincia puedan utilizar la capacidad instalada de la planta calingastina.
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