La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa) expresó una dura postura contra la minera Challenger Gold tras la abrupta suspensión del servicio de transporte de mineral desde el yacimiento Hualilán hacia la planta de procesamiento de Casposo. Su presidente, Fernando Godoy, cuestionó la falta de previsibilidad y comunicación de la empresa hacia las pequeñas y medianas empresas locales que realizaron cuantiosas inversiones en equipamiento.
Inversiones en riesgo y falta de previsibilidad
En declaraciones radiales, Godoy explicó que la decisión tomó por sorpresa a las pymes del sector, las cuales habían asumido importantes compromisos financieros para la adquisición de flota pesada. El dirigente remarcó el frágil músculo económico de los proveedores provinciales frente a la envergadura de las multinacionales, advirtiendo sobre el impacto de modificar los acuerdos de un día para el otro:
"Nosotros somos pymes. Cuando te metés a comprar camiones que valen 200.000 o 250.000 dólares los vas apalancando, convencidos en el contrato, y un día te dicen que no. Tendrían que haber avisado con tiempo para reestructurar", enfatizó el representante gremial.
Asimismo, criticó lo que definió como una "doble vara" en la opinión pública y el sector, al comparar la paciencia e indulgencia que se tiene con las grandes empresas frente a las exigencias drásticas que se aplican habitualmente a las contratistas sanjuaninas.
El reclamo por el rol del Estado e insuficiencia de la ley
El titular de Caprimsa insistió en que el Gobierno provincial debe asumir una postura firme de mediador y garante dentro de la actividad extractiva. Argumentó que el recurso mineral pertenece por derecho constitucional a la provincia, por lo que las autoridades deben sentar a las partes en una mesa de diálogo para priorizar el desarrollo y el trabajo local por encima de decisiones unilaterales.
Al evaluar si la Ley de Desarrollo Local Minero alcanza para proteger al empresariado sanjuanino ante estas eventualidades, Godoy sostuvo que se trata de una herramienta útil pero insuficiente. Remarcó que proyectos de gran escala como Vicuña exigen renovaciones de flotas que requieren un fuerte endeudamiento, dejando a las pymes locales en una situación de total vulnerabilidad financiera si las operadoras deciden rescindir o modificar contratos sin previo aviso.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.