Nueva normativa de Transporte: apps bajo control, registro único y más límites para las empresas

En medio del debate legislativo por la reforma del sistema de Transporte, la Provincia activó el cobro de Ingresos Brutos a las apps y avanzó en cambios estructurales: fin del alquiler de licencias, registro obligatorio y nuevas exigencias para taxis, remises y colectivos.

En el marco del debate por la nueva ley de Transporte, el secretario de Transporte de San Juan, Marcelo Molina, confirmó que las aplicaciones como Uber y Didi comenzaron a pagar Ingresos Brutos desde este mes, atendiendo uno de los principales reclamos de los sectores tradicionales del rubro. El mecanismo se implementó a través de un trabajo conjunto entre la Dirección General de Rentas y ARCA, organismo que monitorea las operaciones de las plataformas mediante su CUIT.

El funcionario señaló que el proyecto de ley incorporó la mayoría de los pedidos formulados por empresarios de colectivos, remiseros, taxistas y legisladores. Tras diferencias internas en el oficialismo, la iniciativa se tratará en la sesión del 11 de diciembre, luego de una prórroga de las ordinarias.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación del sistema de alquiler de licencias de remís, vigente desde normativas anteriores y cuestionado por favorecer la concentración del negocio. El nuevo esquema establece que todo conductor deberá inscribirse en el Registro Provincial de Transporte (Reprotran) y cumplir con los requisitos legales, mientras que los actuales dueños de múltiples licencias sólo podrán conservar un certificado para uso personal.

El texto también incluye modificaciones para el servicio regular de colectivos. Aunque inicialmente se proponía bajar el límite de líneas por empresa al 15%, finalmente se acordó un tope del 25%, con una diferencia clave: el límite ya no se definirá por líneas, sino por cantidad de unidades, para evitar desequilibrios entre recorridos de distinta magnitud.

Asimismo, el proyecto extiende el mecanismo de leasing a taxis y remises, y fija un plazo de un año para que todos los prestadores se adecuen a las nuevas exigencias. También se amplió la antigüedad máxima permitida de los vehículos, que pasa de 10 a 15 años para los servicios contratados.