Orrego pidió definir la aplicación de la Ley de Glaciares para garantizar previsibilidad minera

La agenda minera volvió a ocupar un lugar central en la política nacional. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo una reunión con el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, en la que puso el foco en un tema clave para la provincia: la necesidad de definir cómo se aplicará la Ley de Glaciares en la alta cordillera.

San Juan, que desde hace más de una década sostiene una política minera con controles y planificación provincial, concentra seis de los diez proyectos de cobre de gran escala que existen actualmente en Argentina. Entre ellos se encuentra El Pachón, en Calingasta, uno de los yacimientos que podría posicionar al país en el mercado global de este mineral estratégico para las tecnologías, energías renovables y la electromovilidad.

Durante el encuentro, Orrego destacó el contexto internacional. “El mundo está entrando en una etapa donde ciertos recursos marcan el rumbo de inversión. Argentina hoy tiene tres grandes motores: los granos, Vaca Muerta y la minería”, señaló. En ese marco, subrayó que el cobre es un insumo clave para cualquier estructura eléctrica o transición energética: “El cobre es estratégico”, insistió.

El gobernador advirtió que el principal problema no es técnico, sino normativo. La Ley Nacional de Glaciares protege los glaciares y zonas periglaciares como reservas de agua dulce, pero su aplicación concreta depende de la interpretación de los territorios relevados en el Inventario Nacional de Glaciares. Ese relevamiento, además de haber sufrido demoras, generó controversias sobre qué zonas quedan bajo prohibición absoluta y cuáles podrían admitir actividad bajo control ambiental.

Esa indefinición, según la visión provincial y del sector productivo, deja a proyectos como El Pachón en un terreno incierto, sin claridad sobre hasta qué punto pueden avanzar las empresas sin exponerse a litigios o suspensiones.

“Hace falta completar la reglamentación y establecer con claridad que las provincias sean la autoridad de aplicación. Eso permitiría trabajar con responsabilidad y previsibilidad”, resumió Orrego ante Santilli. La previsibilidad, destacó, es hoy una de las palabras más repetidas entre los inversores internacionales.

Mientras tanto, la discusión sigue abierta entre Nación, provincias, especialistas ambientales y empresas. El desafío pasa por encontrar un equilibrio entre la preservación de las fuentes de agua y el desarrollo económico, en áreas donde los proyectos mineros ya llevan años de estudios y planificación.