San Juan proyecta entregar 1.600 viviendas en 2026, pero sigue sin recibir los fondos prometidos por la Nación

El Gobierno provincial prepara el presupuesto del próximo año con recursos propios y sin certezas sobre la deuda de $10.000 millones que el Estado nacional aún no cancela.

Mientras el Ministerio de Infraestructura de San Juan trabaja pensando en 2026, una de las prioridades definidas por el gobernador Marcelo Orrego es clara: continuar con el plan de viviendas. La proyección es entregar unas 1.600 casas, es decir, alrededor de 200 más que las previstas para este año. Sin embargo, todo dependerá de la disponibilidad económica provincial, ya que la ayuda nacional sigue siendo una promesa incumplida.

La administración local no puede contar, al menos por ahora, con los $10.000 millones que el Gobierno nacional adeuda, monto reconocido en un convenio suscripto en 2023, pero del cual sólo se giró un 13%.

El origen del problema se remonta a 2023, cuando la gestión nacional de Alberto Fernández dejó una deuda de $57.000 millones con San Juan por transferencias correspondientes a la construcción de viviendas a través del IPV. Con el cambio de gobierno, la administración de Javier Milei anunció que no continuaría con la obra pública, pero reconoció una parte de ese pasivo: $11.500 millones.

No obstante, los registros indican que sólo se transfirieron $1.500 millones en octubre de 2024, lo que representa apenas un 13% de lo prometido. Desde entonces, no se ha girado un solo peso más para la ejecución de soluciones habitacionales en la provincia.

En este contexto, el Gobierno sanjuanino avanza con recursos propios. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que el proyecto de presupuesto 2026 incluirá partidas para completar entre 1.500 y 1.600 casas a través del IPV. Esto se hará sin depender de fondos nacionales, ya que la política de recorte a la obra pública por parte del Gobierno nacional sigue firme.

Por el momento, insisten con gestiones políticas para obtener los fondos. De los $45.500 millones que no fueron reconocidos por Nación, una parte significativa podría utilizarse para construir nuevas viviendas: con un costo estimado de $90 millones por unidad (incluyendo lote y urbanización), el monto adeudado alcanzaría para financiar al menos 110 viviendas tipo del IPV.

El ministro Perea aseguró que el plan 2025 sigue en marcha. Hasta ahora, el Gobierno entregó casi 700 de las 1.400 viviendas comprometidas para este año. Las inauguraciones restantes deberán concretarse entre noviembre y diciembre, ya que durante octubre rige la veda electoral que impide actos oficiales.

“Estamos armando el cronograma, vamos a llegar sí o sí”, afirmó el funcionario, alineado con la meta de que la construcción de viviendas sea una de las políticas prioritarias de toda la gestión Orrego.