La Policía de San Juan buscará equipar a uno de cada dos policías con pistolas Taser

La primera evaluación oficial del uso de pistolas Taser en la Policía de San Juan fue positiva y ya se proyecta una ampliación del programa. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien anticipó que la provincia trabaja en un plan de adquisiciones progresivo con un objetivo técnico claro: alcanzar una dotación que permita contar con “una Taser cada dos policías” en la calle.

Con una fuerza policial de aproximadamente 6.000 efectivos, la meta implicaría equipar a la mitad del personal operativo. “Los resultados son positivos, no solamente en San Juan, sino también a nivel nacional e internacional”, sostuvo Delgado al justificar la continuidad del plan iniciado en mayo de este año.

El protocolo de uso provincial establece tres etapas de intervención, verbalización, intimidación y, finalmente, la descarga, pero un relevamiento interno arrojó un hallazgo adicional: la mera visibilidad del dispositivo ya cumple una función preventiva.

Este “cuarto elemento” observado por las fuerzas locales se convirtió, según remarcó, en un argumento clave para avanzar en nuevas compras. “Es un paso más de prevención, por eso está en agenda adquirir más pistolas”, resumió.

En esta etapa inicial, las 40 Taser disponibles se asignaron a cuerpos especiales tales como el GERAS, GAM e Infantería, y su incorporación al radio céntrico y a comisarías departamentales comenzó de manera escalonada. Hasta el momento, no se registró ninguna descarga efectiva, lo que, según la cartera de Seguridad, valida el poder disuasivo del dispositivo.

La próxima fase contempla nuevos espacios de despliegue, más allá de los operativos callejeros: “Se analiza incorporarlas en shoppings y hospitales, donde consideramos que la Taser es mucho más útil que el arma reglamentaria”, adelantó Delgado.

El plan en análisis prevé adquisiciones anuales del orden de 50 unidades, aunque cada paso estará sujeto a las definiciones presupuestarias del Ministerio de Economía. 

Desde el Gobierno provincial se sostiene que este tipo de tecnología forma parte de una estrategia de prevención más amplia, basada en herramientas no letales y de respuesta rápida, que apunten a fortalecer la seguridad en espacios públicos sin escalar en el uso de la fuerza.