
Ya se registraron 12 casos en lo que va del año, más del doble que en 2024. Aunque todas las amenazas fueron falsas, cada operativo cuesta hasta 3 millones de pesos y paraliza servicios esenciales. La Justicia comenzó a aplicar condenas ejemplares.
Las amenazas de bomba dejaron de ser casos aislados para convertirse en un problema creciente y preocupante en San Juan. Según datos oficiales, entre enero y agosto de 2025 se registraron 12 episodios, más del doble que en todo 2024, cuando apenas se contabilizaron cinco.
Siete de estas amenazas ocurrieron en escuelas y el resto en edificios públicos. En todos los casos, los llamados resultaron falsos, pero activaron inmediatamente los protocolos de emergencia, con un alto costo operativo que oscila entre los 2 y 3 millones de pesos por intervención.
El despliegue incluye evacuaciones masivas, participación de personal altamente especializado, unidades móviles, cortes de tránsito y el uso de equipamiento de última tecnología. Cada amenaza, aunque no se concrete, es tratada con el mismo nivel de seriedad, ya que no puede descartarse una situación real.
El aumento de estos episodios encendió alarmas en la Brigada Antiexplosivos de la Policía de San Juan, que ya presentó un proyecto a la Jefatura para reforzar su dotación. Actualmente, solo 13 efectivos cubren toda la provincia, con un único traje de protección EOD, valuado en 60 millones de pesos.
Desde la fuerza señalan que el crecimiento de estos hechos pone en jaque la operatividad y requieren más recursos técnicos y humanos para garantizar respuestas eficaces ante situaciones de alta sensibilidad.
El Poder Judicial también tomó nota del fenómeno y comenzó a aplicar sanciones más severas. Las amenazas de bomba generan un fuerte impacto en la vida cotidiana: edificios evacuados, clases suspendidas, trámites paralizados, pánico social y recursos estatales movilizados a gran escala.
Con un promedio de casi dos amenazas por mes, San Juan enfrenta un fenómeno que ya dejó de ser anecdótico para convertirse en una amenaza persistente a la seguridad, el orden público y la convivencia social.





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