Polémica en San Juan por millonaria diferencia en la licitación de comida escolar

Un informe periodístico de Radio Rivadavia, realizado por el periodista Gastón Sugo, ha encendido una fuerte polémica en San Juan, luego de revelar una diferencia millonaria y "difícil de justificar" entre dos contratos de provisión de comida escolar. El caso ya está en la mira del Tribunal de Cuentas y podrían abrirse investigaciones judiciales.

El escándalo involucra al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia y dos licitaciones para un servicio clave: el suministro de 130.000 raciones diarias de comida para alumnos en situación de vulnerabilidad.

El contrato anterior, firmado en 2022 durante la gestión de Sergio Uñac, fue adjudicado a la firma Tecnofood por un total de $4.680 millones de pesos. Este vínculo finalizó el pasado 31 de julio de 2025.

Sin embargo, la nueva licitación, recientemente adjudicada a la empresa La Nobleza, sorprendió por su bajo monto: $2.200 millones, es decir, menos de la mitad del valor anterior. Esto resulta llamativo considerando que la inflación acumulada desde 2022 supera el 300%, según datos oficiales.

Pero eso no es todo: según lo revelado por el periodista Sugo, el nuevo contrato no solo es más barato, sino que además incluye marcas de primera calidad para los alimentos y la distribución diaria a cada escuela, un ítem que en el contrato anterior debía cubrir el Estado provincial.

La pregunta que sobrevuela el escándalo es clara: ¿hubo un sobreprecio en 2022 o se está licitando por debajo del costo real en 2025? En cualquiera de los casos, se trataría de una situación preocupante para la transparencia del manejo de fondos públicos.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas provincial ya inició un proceso de revisión del expediente y no se descarta que en los próximos días se presenten denuncias formales para que intervenga la Justicia.

En San Juan, miles de niños dependen de esta ración de comida como su único alimento del día. Por eso, más allá de los números y las licitaciones, lo que está en juego es el derecho básico de acceder a una alimentación digna.

La controversia no solo expone posibles irregularidades administrativas, sino que pone en evidencia la fragilidad de un sistema que debería estar blindado contra la especulación política y económica. Y mientras las autoridades intentan aclarar lo ocurrido, lo cierto es que hay algo que no cierra. Y que debe ser explicado.