El gobierno de Milei prepara la reforma al Código Penal para endurecer las penas

El gobierno de Javier Milei está trabajando en un ambicioso proyecto para modificar el Código Penal de la Nación con el objetivo de que sea "más punitivo" que el actual.

Según un alto funcionario de la gestión, la reforma tiene como premisa elevar las penas y endurecer las condiciones de cumplimiento, con una de las propuestas más destacadas siendo la eliminación de beneficios en la prisión perpetua, que pasaría a ser de cumplimiento efectivo, sin reducciones ni libertad condicional.

"Estamos escribiendo un nuevo Código Penal. Queremos elevar todas las penas porque nos parece que el actual es muy condescendiente con los victimarios", afirmó el funcionario consultado, quien detalló que el Ministerio de Justicia está a cargo de la redacción del proyecto. Para la gestión de Milei, el actual sistema penal no cumple con su función de disuadir a los delincuentes, ya que consideran que las penas vigentes "son irrelevantes". "Las penas actuales no inhabilitan la comisión del delito. Las de hoy no generan miedo", agregó la fuente.

El nuevo Código Penal pretende ser un instrumento más "punitivo", en el que el temor a las penas severas sea un factor disuasivo para la criminalidad. "Queremos que el que comete un delito tenga miedo de ir preso 20 años. Hoy entran y salen al día siguiente, entonces ¿cuál es el incentivo para no cometer un delito?", cuestionó el funcionario.

Una de las propuestas centrales de la reforma es que la prisión perpetua sea de cumplimiento efectivo, especialmente para los casos más graves como los de violación. 

Actualmente, según el Código Penal, las personas condenadas a prisión perpetua pueden acceder a la libertad condicional luego de cumplir 35 años, siempre que no hayan vuelto a delinquir y cumplan ciertas condiciones. Sin embargo, el gobierno de Milei considera que estas posibilidades de reducción de pena deben ser eliminadas, sobre todo en delitos de extrema gravedad.

El proyecto del gobierno no busca necesariamente eliminar la reinserción social de los delincuentes, pero sí considera que mientras el sistema penitenciario no sea reformado, la prioridad debe ser el castigo severo.

Actualmente, el sistema penitenciario argentino cuenta con aproximadamente 56.000 personas condenadas, de las cuales alrededor de 2.500 (menos del 5%) cumplen penas de prisión perpetua. Estos datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena reflejan la magnitud de la reforma propuesta y el énfasis que el gobierno de Milei pretende poner en las penas severas.