Gobernadores expresaron su preocupación por los recursos provinciales

En un contexto de crecientes tensiones políticas, 18 de los 23 gobernadores del país manifestaron su profunda preocupación por la distribución de recursos provinciales en el marco de la gestión del presidente Javier Milei.

La reunión tuvo lugar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y estuvo marcada por un clima de confrontación respecto a los fondos que se asignarán en el próximo Presupuesto 2025. En el encuentro, los mandatarios provinciales hicieron hincapié en la caída real del 12% en los ingresos coparticipables durante los primeros 11 meses de este año, lo que generó un fuerte malestar en las provincias.

La centralización de los recursos

Uno de los puntos más críticos planteados por los gobernadores fue la disparidad en el manejo de los ingresos no coparticipables, aquellos que permanecen exclusivamente en manos del gobierno central. A diferencia de los fondos coparticipables, que se distribuyen entre la Nación y las provincias, los recursos no coparticipables no han sufrido alteraciones significativas, lo que ha incrementado la participación del Estado nacional en la distribución total de los recursos, exacerbando las tensiones con los gobiernos provinciales.

Principales reclamos de los gobernadores

Entre los principales reclamos de los mandatarios provinciales, se destacan varios puntos clave que buscan aliviar la situación financiera de las jurisdicciones. Uno de los principales fue la exigencia de que el Gobierno nacional salde las deudas acumuladas con las provincias, especialmente en relación con las cajas previsionales no transferidas, y que se retome el esquema de pagos de anticipos para estas obligaciones.

Además, los gobernadores pidieron que los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos sean compartidos entre la Nación y las provincias, sin que esto afecte el financiamiento del sistema de seguridad social. También se destacó la necesidad de una distribución más equitativa y regular del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), vital para enfrentar urgencias financieras en las provincias.

Otro reclamo central fue la propuesta de limitar la alícuota que la Agencia de Recaudación Federal (AFIP) detrae de la recaudación, con el fin de evitar que los salarios de los trabajadores se vean perjudicados, además de mejorar la eficiencia en la administración de los recursos. Finalmente, se reiteró la solicitud de que el gobierno nacional cumpla con las compensaciones pendientes derivadas del Consenso Fiscal 2017, ajustando los montos correspondientes.

La respuesta del gobierno nacional

El oficialismo, por su parte, no ha respondido favorablemente a estos reclamos. Si bien los gobernadores insisten en que el proyecto de Presupuesto 2025 contemple el financiamiento de obras y la resolución de las deudas previsionales, el gobierno de Milei mantiene una postura firme en cuanto a su objetivo de cumplir con el principio de «déficit cero». Esta postura ha generado fricciones, especialmente ante las solicitudes de aumentar los fondos destinados a universidades públicas y otras áreas sensibles.

Desde el Ejecutivo argumentan que las provincias también tienen deudas con la Nación, por lo que proponen la creación de un «clearing» para comparar las cuentas y establecer quién tiene saldo deudor. Sin embargo, el debate sobre el Presupuesto 2025 se ha intensificado, con críticas a las proyecciones económicas del gobierno, que algunos consideran irrealistas, especialmente en cuanto a la inflación esperada para el último trimestre del año. Para cumplir con las estimaciones, la inflación debería rondar el 1,4% mensual, una cifra que desde la oposición consideran difícil de alcanzar.

La posibilidad de una prórroga del Presupuesto

Ante el fracaso de varias de las cláusulas del proyecto de Presupuesto 2025, rechazadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, se ha alimentado la percepción de que al presidente Milei no le disgustaría gestionar su segundo año sin un presupuesto aprobado, prorrogando nuevamente el texto de 2023. No obstante, en los últimos días, el gobierno ha reactivado las negociaciones e incluso ha dejado entrever la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en diciembre, si no se alcanza a aprobar el Presupuesto a tiempo.