El IPV inició la revocación de adjudicaciones por irregularidades en el uso de viviendas
Locales05/11/2024Diario UrbanoEl Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ha comenzado un proceso de inspección y revocación de adjudicaciones tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en el uso de algunas viviendas entregadas a beneficiarios.
Según las autoridades, un número considerable de propiedades están siendo subalquiladas, desocupadas o incluso puestas en venta, lo que ha motivado el accionar del organismo para recuperar estos inmuebles y asignarlos a quienes realmente los necesiten.
En declaraciones brindadas al programa "De Sobremesa", la directora del IPV, Elina Peralta, informó que en un solo barrio se detectaron 20 viviendas deshabitadas, lo que refleja una tendencia que también se repite en otros sectores de la provincia. "Este tipo de situaciones no solo es injusto para quienes esperan una vivienda, sino que también incumple con las normativas vigentes", sostuvo la funcionaria.
El proceso de revocación de adjudicaciones, según Peralta, se extenderá en el tiempo debido a que los adjudicatarios pueden presentar recusaciones, lo que alarga los plazos hasta que las viviendas sean restituídas al IPV. Una vez que se concluyan estas etapas, el instituto procederá a sortear las viviendas recuperadas entre los postulantes que reúnan los requisitos necesarios.
La normativa del IPV establece que cualquier uso distinto al de ocupación por parte del adjudicatario original, como el subalquiler, la venta o el desuso, constituye una causal de revocación. En este sentido, Peralta aclaró que el IPV realiza investigaciones exhaustivas, generalmente a partir de denuncias de los vecinos, para identificar irregularidades. Además, resaltó que la cesión de la vivienda a familiares directos, como hijos o allegados, también está prohibida, dado que las viviendas son adjudicadas en función de una necesidad habitacional específica.
El organismo provincial continuará con el monitoreo de los inmuebles entregados y avanzará con los procedimientos legales para garantizar que las viviendas lleguen a quienes más las necesiten.