Inminente veto de Milei genera paro universitario de 48 horas en San Juan

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada hace dos semanas en la Cámara de Senadores de la Nación, generando expectativas sobre su implementación. Sin embargo, se anticipa un veto inminente por parte del presidente Javier Milei, lo que ha desencadenado una serie de reacciones en el ámbito universitario.

Ante la inminente decisión del presidente, los gremios y asociaciones que representan a los trabajadores del sector universitario han convocado un nuevo paro de 48 horas programado para este jueves y viernes. En San Juan, el gremio Adicus, que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores universitarios, ya confirmó su adhesión. Se espera que otras agrupaciones se sumen a la medida de fuerza en las próximas horas, siguiendo la tendencia de los paros que se han realizado en los últimos meses.

Además del paro, se ha ratificado la realización de una Marcha Federal Universitaria para el 2 de octubre, que incluirá una nueva medida de fuerza. Esta será la segunda manifestación de este tipo, luego de la amplia protesta que se llevó a cabo en abril de este año, con epicentro en Buenos Aires y repercusiones en todas las provincias, incluida una destacada movilización en San Juan.

La Ley de Financiamiento Universitario prevé la actualización del presupuesto de las universidades nacionales de acuerdo a la inflación, con efecto retroactivo al 1° de diciembre del año pasado. Además, establece la recomposición salarial de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, garantizando ajustes mensuales conforme a la inflación acumulada.

A pesar de las expectativas generadas por la aprobación de la ley, el presidente Milei ha indicado que su veto es inminente, lo que podría deshacer las medidas propuestas y dejar a las universidades en una situación de incertidumbre financiera. Esta decisión ha generado descontento y preocupación entre los trabajadores del sector, quienes ven en la ley una herramienta crucial para la sostenibilidad y mejora de la educación superior en el país.

La situación actual en torno a la Ley de Financiamiento Universitario refleja una creciente tensión entre el gobierno y el sector educativo. Las medidas de fuerza programadas y la Marcha Federal Universitaria son un claro indicativo de la resistencia del movimiento estudiantil y de los trabajadores universitarios ante decisiones que consideran perjudiciales para la educación pública en Argentina.