La Cámara de Diputados de San Juan enfrenta este jueves una de las jornadas legislativas más determinantes del periodo actual. El cuerpo deliberativo pondrá en votación el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que solicita una autorización para acceder a diversas herramientas de financiamiento en los mercados nacionales e internacionales. La propuesta prevé un techo de hasta 600 millones de dólares que se estructurará mediante títulos públicos o líneas de crédito bancarias, con la condición obligatoria de que los fondos sean aplicados exclusivamente a planes de infraestructura y gastos de capital.
La administración de Orrego fundamenta la urgencia de la medida en la necesidad de reactivar sectores que consideran estratégicos para el mediano y largo plazo. De obtener el aval legislativo, el Ministerio de Economía planea volcar los recursos en redes de saneamiento, infraestructura hídrica, conectividad vial, desarrollo energético y complejos habitacionales. Entre las metas específicas detalladas por la gobernación, se destaca la construcción de 30 nuevos barrios de viviendas y el relanzamiento de una operatoria individual del IPV para otorgar cerca de 1.000 créditos de edificación a familias que ya disponen de terrenos propios.
Desde el punto de vista macroeconómico, la cartera de Hacienda, conducida por Roberto Gutiérrez, argumenta que San Juan goza de una posición fiscal sumamente sólida gracias a los superávits financieros consolidados durante los ejercicios 2024 y 2025. El oficialismo confía en que las expectativas de inversión ligadas a la actividad minera local, sumadas a una tendencia a la baja en el riesgo país, permitirán conseguir tasas de interés considerablemente bajas en los mercados tradicionales de crédito, optimizando así la capacidad real de ejecución de las obras.
El proyecto sumó adhesiones extrapartidarias de peso en la antesala del debate. El gremio de la construcción (UOCRA) manifestó públicamente su apoyo al advertir que el ingreso de estos capitales dinamizará el empleo sectorial en múltiples departamentos, una postura compartida por fuerzas aliadas como el partido ACTUAR, desde donde ponderaron la importancia de optimizar las rutas productivas y los canales de riego frente a la crisis hídrica regional.
En la vereda opuesta, el peronismo sanjuanino plantó bandera y unificó criterios para oponerse a la celeridad que el interbloque oficialista pretende imponer en el recinto. A través de un documento conjunto que congregó a intendentes, diputados y concejales del Partido Justicialista, la oposición cuestionó la falta de precisiones técnicas contenidas en el texto original. Aunque reconocieron el déficit existente en materia de infraestructura, los dirigentes del PJ catalogaron la maniobra como un "tratamiento exprés" y condicionaron su postura a que se transparente el plan de amortización de los plazos, el impacto real de la deuda sobre el tesoro provincial y las cláusulas financieras de los eventuales contratos.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.