La investigación por los caños del Acueducto Gran Tulum vivió una novedad judicial en Tribunales. La defensa de dos expresidentes de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, patrocinados por el abogado Nasser Uzair, realizaron una presentación en la UFI Delitos Especiales donde piden el apartamiento de la causa de la jueza de Garantías, Mónica Lucero, interponiendo un recurso por supuesta "falta de imparcialidad".
Según fuentes del caso, la presentación se basó en que les fue impedido conocer las medidas preliminares ya tomadas por el Ministerio Público Fiscal en la causa contra los funcionarios durante la gestión de Sergio Uñac. El pasado 17 de junio, la jueza Lucero declinó darles acceso a esa información solicitada por los expresidentes de OSSE, bajo el argumento de que era una etapa preliminar de investigación y, por ende, no correspondía brindarles esos datos.
Frente a esto, entre los argumentos presentados por el abogado Uzair se encuentra el no haber sido notificados de cara a la audiencia del 17 de junio pasado, por lo que no pudieron decir presente en la sala, situación que calificaron como una violación a los derechos de legítima defensa. Asimismo, fuentes del caso manifestaron que este miércoles podrían darse más novedades a raíz de otra presentación de la defensa.
Origen de la denuncia y presuntas maniobras ilícitas
Haciendo un repaso del caso, el abogado Marcelo Arancibia realizó la denuncia el 9 de diciembre del año pasado “para que se investiguen una serie de hechos (…) vinculados a presuntas maniobra ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales del Gobierno de San Juan relacionadas con la obra denominada Acueducto Gran Tulum”.
Si bien no mencionó nombres en primera instancia, solicitó que también se investigue “la posible participación penalmente responsable” de funcionarios provinciales de la gestión 2019 – 2023, correspondiente a la última gestión del gobernador justicialista Sergio Uñac. En ese contexto, planteó el posible direccionamiento de los pliegos licitatorios para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah, la que “estaría vinculada a un familiar directo (primo)” del hoy senador Uñac. Ese pariente es el empresario Gustavo Monti, quien falleció el pasado 25 de febrero.
Ampliación del caso y figuras penales investigadas
El contenido de la denuncia de Arancibia se basó originalmente en una serie de publicaciones del diario Tiempo de San Juan, del que, luego, tomó otra nota para realizar el 19 de enero una ampliación de denuncia. Los nuevos hechos hacen referencia a documentación que confirmaría que Monti actuó como apoderado de la empresa Krah, “la reubicación del expresidente de OSSE (Sergio Ruiz) como asesor político” de Uñac, la “eventual redeterminación acelerada de precios del 55 por ciento” de la obra y el “eventual pago anticipado del 35 por ciento”.
De esa manera, planteó que los hechos podrían encuadrar, de manera provisoria, en una batería de figuras: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.
Estado actual de la investigación penal
La causa recayó en la Unidad Fiscal (UFI) Delitos Especiales, cuyo personal se tomó inicialmente el plazo de 90 días hábiles para llevar adelante una investigación.
Finalizado ese período, los fiscales solicitaron y se les otorgó una prórroga de otros 90 días más, la cual está transcurriendo actualmente. Este plazo será clave para definir si el Ministerio Público Fiscal avanza hacia la audiencia de la formalización de la Investigación Penal Preparatoria para imputar a sospechosos o si, por el contrario, se procede a archivar la causa.
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