El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, calificó la ratificación legislativa del convenio con el proyecto minero Vicuña como un punto de quiebre para la matriz productiva provincial. El funcionario sostuvo que la medida marca el inicio de una etapa de desarrollo tras un período de estancamiento, destacando el retorno de la confianza inversora a partir de las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Marcelo Orrego.
Impacto económico y financiamiento de obras
Perea detalló que el esquema económico pactado fija un 3% de la facturación bruta para la extracción de cobre durante toda la vida útil del yacimiento, cifra que equivale aproximadamente al 4,2% del valor boca de mina. A este porcentaje se añade un 1,5% adicional sobre la facturación destinado de forma exclusiva a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento en las zonas de influencia del emprendimiento, bajo un sistema de ejecución de obras previo al desembolso de los fondos.
Soberanía y estrictos controles ambientales
Frente a los cuestionamientos de sectores opositores, el titular de la cartera minera rechazó categóricamente que el acuerdo implique una cesión de facultades o la pérdida de soberanía ambiental. Aclaró que las cláusulas de arbitraje internacional aplican únicamente a controversias de índole económica, preservando la potestad fiscalizadora de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero y demás organismos provinciales.
En relación con las Declaraciones de Impacto Ambiental y el uso de infraestructura técnica, Perea reafirmó que la documentación es de acceso público e instó a avanzar de manera inmediata en la ejecución de los proyectos aprobados.
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