El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, envió cartas documento al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre, intimándolos a rectificar públicamente o a respaldar con pruebas sus afirmaciones en un plazo de 24 horas.
Según la presentación, Orrego sostiene que se le atribuyeron “hechos ilícitos de extrema gravedad” mediante expresiones consideradas “manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico”, presentadas como hechos ciertos, lo que excedería los límites de la libertad de expresión y afectaría su honor.
En caso de incumplimiento, el mandatario adelantó que iniciará una demanda civil y acciones por calumnias e injurias.
El episodio se enmarca en una serie de casos similares: gobernadores como Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rogelio Frigerio ya han iniciado medidas legales contra el mismo periodista. Otros mandatarios, entre ellos Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, analizan acciones similares.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la imputación pública de delitos sin pruebas constituye una conducta ilegítima que afecta la institucionalidad y no puede ser tolerada.
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