Según la visión de la entidad, el avance de megaproyectos de escala internacional permitiría a San Juan transformar su matriz productiva y reducir drásticamente la dependencia de la coparticipación federal. El optimismo se fundamenta en un mapa de inversiones sin precedentes: el Proyecto Vicuña (Josemaría y Filo del Sol) con US$18.000 millones; El Pachón, con una proyección de US$9.500 millones; y Los Azules, que ya cuenta con aprobación bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por más de US$2.700 millones.
Las estimaciones del sector indican que, para el año 2035, San Juan podría concentrar el 80% del potencial cuprífero de Argentina, alcanzando exportaciones anuales de entre US$15.000 y US$20.000 millones.
Un eje central del planteo de CAPRIMSA es la necesidad de un marco legal sólido que garantice la participación de la cadena de valor regional. Godoy defendió la futura normativa provincial que busca asegurar la contratación de mano de obra y servicios sanjuaninos, calificándola como una herramienta de previsibilidad tanto para las operadoras como para las pymes locales.
Al comparar el escenario local con el de otras provincias mineras como Salta, Catamarca o Santa Cruz, el dirigente consideró que la propuesta sanjuanina es "benigna y aceptable", y que su objetivo primordial es formalizar acuerdos que beneficien a ambas partes.
Para la cámara empresaria, el debate actual ha dejado de centrarse en la viabilidad de la actividad para enfocarse en la capacidad de absorción de la provincia. El desarrollo del cobre no solo implica una inyección de divisas, sino también una demanda masiva de empleo calificado e infraestructura. En este sentido, el mensaje de CAPRIMSA refuerza la urgencia de una estrategia estatal que trascienda la coyuntura política nacional y posicione a San Juan como un polo minero autónomo y competitivo a nivel sudamericano.
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