EDUCACION

La UNSJ encabeza la Cuarta Marcha Federal Universitaria y denuncia "rebeldía" del Gobierno nacional

El rector Tadeo Berenguer cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que las medidas cautelares a favor de las casas de estudio tienen efecto ejecutorio. "Afecta apenas el 0,23% del PBI", remarcó sobre el impacto fiscal del reclamo.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se sumará este martes a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, en una jornada de protesta que se replicará en todo el país para exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En la previa de la movilización, el rector Tadeo Berenguer brindó una rueda de prensa donde criticó duramente la postura del Poder Ejecutivo Nacional y calificó de "caprichosa" la negativa a girar los fondos aprobados por el Congreso.

El conflicto ha escalado a instancias judiciales tras el rechazo legislativo al veto presidencial. Según explicó Berenguer, las universidades nacionales iniciaron acciones legales que derivaron en fallos favorables en primera y segunda instancia. "El Gobierno debería estar en estado de rebeldía", sostuvo el rector, quien aclaró que las cautelares dictadas por las cámaras de apelación tienen efecto ejecutorio y no suspensorio, por lo que el Ejecutivo debería cumplir con la normativa a pesar de haber elevado el caso a la Corte Suprema de Justicia.

En términos económicos, el rector desmitificó el impacto del financiamiento universitario sobre las arcas públicas al señalar que la aplicación de la ley representa apenas el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI). En ese sentido, contrastó el "sacrificio" exigido a las universidades con el gasto destinado al pago de deuda externa para mantener el superávit fiscal.

Finalmente, la comunidad universitaria espera una convocatoria masiva en las calles de San Juan para visibilizar la crisis presupuestaria. La marcha busca no solo reclamar por salarios y gastos de funcionamiento, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la importancia estratégica de la educación pública frente a un escenario de creciente incertidumbre administrativa y legal.

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