El Gobierno de San Juan consolidó este año un mecanismo judicial para exigir que las obras sociales y agentes de salud pública liquiden las deudas pendientes por prestaciones médicas brindadas a sus afiliados en centros estatales, como los hospitales Rawson y Marcial Quiroga. Mediante la intervención de la Fiscalía de Estado, la provincia ya logró recuperar alrededor de 815 millones de pesos sobre un total acumulado superior a los 1.690 millones.
Instancia administrativa previa y embargos judiciales
El procedimiento de cobro contempla fases claramente delimitadas. En primera instancia, las direcciones administrativas de los hospitales elaboran certificados con el detalle de las prestaciones no abonadas para confeccionar una preliquidación. Dicha propuesta se remite a las obras sociales para que puedan conciliar saldos o formular observaciones.
Cuando la vía del diálogo se agota sin cancelaciones ni acuerdos, toma intervención la Fiscalía de Estado para interponer ejecuciones fiscales en sede judicial. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, remarcó que el proceso incluye la solicitud de embargos preventivos sobre las cuentas bancarias de las entidades deudoras. De este modo, la Justicia dispone la transferencia de fondos a cuentas judiciales para garantizar el cobro efectivo de la acreencia mientras el magistrado resuelve los planteos de las partes.
Resultados de los lotes y origen del sistema
La estrategia de reclamo judicial se organizó a través de tandas o lotes de ejecución:
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Primer lote: Alcanzó un volumen de $790 millones, de los cuales ya ingresaron o se encuentran en proceso de cancelación unos $615 millones.
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Segundo lote: Iniciado a mediados de este año por casi $900 millones, ya permitió el recupero de aproximadamente $200 millones.
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Tercer lote: Se encuentra actualmente en etapa de preparación por parte del equipo jurídico provincial.
Esta ofensiva legal tiene su origen en la reformulación del esquema de recupero de costos implementado a fines de 2024, tras la creación del Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud y la actualización del nomenclador de prestaciones. Con este modelo, las autoridades buscan evitar que las arcas públicas absorban costos operativos que corresponden a la medicina privada, reinvirtiendo esos fondos para sostener el financiamiento del sistema sanitario estatal.
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