El Gobierno de San Juan busca modificar el esquema de cumplimiento de penas menores con el fin de descomprimir las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial. La Secretaría de Seguridad presentó una propuesta formal para que aquellas personas que reciban condenas de corta duración queden sujetas al beneficio de la prisión domiciliaria, bajo una estricta vigilancia a través de dispositivos de posicionamiento global.
La medida se encuentra actualmente bajo la evaluación del Poder Judicial, con cuyos integrantes se analizan la viabilidad y los alcances prácticos de la reforma. Según detalló el titular del área de Seguridad, Enrique Delgado, la intención es que el beneficio alcance exclusivamente a personas sentenciadas a penas que vayan desde un mínimo de 15 días hasta un máximo de cuatro meses de reclusión.
Inversión en equipamiento y logística
Para llevar adelante la operatividad del programa, las autoridades estiman indispensable realizar una inversión tecnológica inicial. Los requerimientos técnicos y de infraestructura contemplados en el proyecto oficial incluyen:
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La adquisición de un piso mínimo de 200 tobilleras electrónicas de última generación.
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La puesta a punto del equipamiento de geolocalización para cubrir de forma inmediata la demanda proyectada.
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La unificación de las alertas informáticas en una central de monitoreo.
El rol de la Policía y el debate judicial
El funcionario remarcó que el éxito de esta alternativa de detención radicará en la rigurosidad de la vigilancia externa. En este sentido, se determinó que la Policía de San Juan tendrá la responsabilidad directa de auditar, supervisar y reaccionar ante cualquier violación de los perímetros domiciliarios dictados por los magistrados. "Debe existir un control efectivo para garantizar que el sistema funcione correctamente", enfatizó Delgado.
El expediente con los detalles técnicos y jurídicos ya está en los despachos de los ministros de la Corte de Justicia. Desde los despachos oficiales confían en que, de lograr el aval de los magistrados, la provincia sumará una herramienta clave para optimizar los recursos públicos destinados a las cárceles, logrando una administración más eficiente de la población carcelaria sin descuidar la seguridad de la ciudadanía.
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