El preocupante incremento de la ludopatía digital en adolescentes encendió las alarmas de diversos sectores sociales en la provincia. Manuel Jiménes, secretario general del Sindicato de Empleados de Casinos de San Juan y miembro de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado, reveló que actualmente funcionan más de 200 plataformas de apuestas clandestinas a nivel local, facilitando el acceso de menores de edad a los juegos de azar virtuales.
La problemática viene registrando una escalada sostenida durante los últimos dos años. De acuerdo con el diagnóstico de los especialistas, los chicos consiguen sortear las restricciones de edad ingresando a las aplicaciones con datos de terceros o amigos mayores, mientras que la proliferación de billeteras virtuales les permite mover dinero de manera ágil y en sumas pequeñas.
Cambio de hábitos en las aulas y clubes
La adicción a las apuestas en línea está modificando de forma severa el comportamiento y los intereses de los jóvenes sanjuaninos cuyas edades oscilan entre los 12 y los 17 años.
Los principales cambios de conducta observados en el último tiempo incluyen:
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Desinterés progresivo por las actividades físicas, recreativas y la práctica de deportes.
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Obsesión y enfoque desmedido en la búsqueda de ganancias económicas rápidas a través del teléfono celular.
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Modificación de rutinas diarias y alteraciones en el rendimiento escolar debido al tiempo de exposición a los sitios de azar.
El freno que ofrece la legislación actual
Frente a este escenario, los sectores afectados reclamaron al Poder Ejecutivo la urgente reglamentación de la ley de juego online, una normativa que fue aprobada en San Juan en 2025 pero que todavía no se encuentra operativa. El texto de dicha ley resulta clave, ya que faculta a la Caja de Acción Social (CAS) a autorizar únicamente a los operadores oficiales y bloquear de forma definitiva los sitios informales.
Asimismo, la legislación contempla la aplicación obligatoria de herramientas tecnológicas avanzadas de control de identidad, tales como sistemas de validación biométrica por reconocimiento de rostro o huella dactilar. Las entidades promotoras de la iniciativa concluyeron que, de forma paralela a la puesta en marcha de las licitaciones de plataformas legales, el Estado debe articular con escuelas y familias campañas intensivas de prevención y concientización para frenar el flagelo dentro del entorno hogareño.
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