El debate sobre la Ley de Salud Mental volvió a tomar fuerza en San Juan a partir de planteos que señalan dificultades en su aplicación, especialmente en casos vinculados a adicciones. Desde el ámbito profesional, advierten que el marco normativo vigente presenta limitaciones para dar respuestas eficaces en situaciones complejas.
El director del Centro FARO, Raúl Ontiveros, sostuvo que si bien la legislación significó un avance al restringir internaciones prolongadas, con el tiempo evidenció obstáculos en su implementación. En particular, remarcó que las familias enfrentan serias dificultades para intervenir cuando una persona atraviesa un cuadro crítico.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la imposibilidad de avanzar con internaciones sin el consentimiento del paciente. Según explicó, esta situación deja a los allegados sin herramientas legales para actuar en contextos donde el deterioro es evidente y requiere intervención urgente.
En este marco, el especialista aclaró que la propuesta de revisar la ley no implica un retroceso en materia de derechos, sino una adecuación que permita responder a nuevas problemáticas y mejorar la efectividad del sistema.
Asimismo, advirtió sobre la existencia de espacios de internación que funcionan al margen de los controles formales, fenómeno que, según indicó, estaría vinculado a las restricciones que impone la normativa vigente.
Por otra parte, Ontiveros puso el foco en problemáticas asociadas, como el bullying en el ámbito educativo. Señaló deficiencias estructurales, entre ellas la falta de equipos interdisciplinarios y la sobrecarga laboral docente, lo que dificulta la detección temprana y el acompañamiento adecuado.
En este contexto, remarcó la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la salud mental, con el objetivo de mejorar la contención y brindar respuestas más integrales frente a situaciones de creciente complejidad.
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