Al término de la tercera sesión ordinaria del período legislativo, el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, realizó un balance de la agenda política institucional y estimó que la reforma del sistema electoral de San Juan podría quedar sancionada en un plazo de entre 60 y 90 días. El titular del Poder Legislativo ratificó que el tratamiento de las diversas propuestas ya se inició formalmente en el ámbito de las comisiones parlamentarias, con el objetivo de establecer reglas de juego claras para los próximos comicios.
Con el propósito de dotar de mayor legitimidad al proceso de reforma, la Legislatura implementará una metodología participativa ampliada que incluirá la convocatoria formal a partidos políticos que actualmente carecen de bancas en el recinto. Según explicó Martín, la intención del oficialismo es abrir el debate para escuchar todas las visiones doctrinarias y aportes sectoriales antes de la redacción del dictamen definitivo que será sometido a votación en el recinto.
En el marco de las iniciativas bajo análisis técnico, se confirmó la incorporación formal del proyecto presentado de manera particular por el exintendente de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi. Las autoridades parlamentarias indicaron que la propuesta del dirigente peronista será evaluada junto con los expedientes de los legisladores y que el propio exjefe comunal será invitado a exponer los fundamentos de su plataforma durante las jornadas de debate en comisión.
En paralelo a la discusión electoral, el vicegobernador anticipó el próximo ingreso a la Legislatura de la Ley de Desarrollo Minero, una de las herramientas regulatorias clave impulsadas por el Poder Ejecutivo. Tras mantener reuniones de articulación con los ministros de Minería y de Producción, Trabajo e Innovación, Martín señaló que el borrador final de la norma sería remitido por el Ejecutivo en un plazo aproximado de quince días para dar inicio a su correspondiente estado parlamentario.
Esta última iniciativa legal es considerada estratégica por el arco empresario y productivo de la provincia, dado que buscará fijar un nuevo marco normativo para la cadena de valor minera. El proyecto oficial apuntará a regular la participación de las pymes locales, potenciar la contratación de mano de obra regional y consolidar el desarrollo integral de los proveedores sanjuaninos ante el despliegue de las inversiones de gran escala proyectadas en la cordillera.
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