Tras la aprobación en la Legislatura provincial de la ley que autoriza la búsqueda de financiamiento por hasta 600 millones de dólares, el bloque oficialista ratificó que el próximo paso consistirá en una ronda de consultas técnicas con entidades bancarias y de inversión, tanto de la Argentina como del exterior. El objetivo de este proceso analítico será determinar cuál de los dos mecanismos habilitados por la normativa resulta más ventajoso para el erario público: la contratación de líneas de crédito tradicionales o la colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales.
Desde la perspectiva parlamentaria de la gestión provincial, las condiciones macroeconómicas actuales del país podrían jugar un rol clave a favor de San Juan. El legislador oficialista Juan de la Cruz Córdoba argumentó que el retroceso del indicador de riesgo país y un potencial fortalecimiento de la calificación crediticia de la República Argentina configuran un escenario propicio para salir a buscar financiamiento en el momento de mayor conveniencia y optimizar el rendimiento de la transacción.
En cuanto a la asignación de las partidas monetarias que se logren acordar, el foco estará puesto de manera prioritaria en contrarrestar el impacto de la quita de transferencias de capital por parte del Gobierno nacional. Los fondos externos se inyectarán de forma directa en el restablecimiento y la continuidad de proyectos viales, complejos habitacionales y en la modernización de la red de canales de irrigación destinada al sector agroproductivo local, además de acondicionar los servicios estructurales para el desembarco de inversiones corporativas en el sector de la minería.
Con relación a las variables técnicas fijadas en la legislación de emergencia, los negociadores provinciales manejan un tope máximo para el interés, el cual se ubicará por debajo de los dos dígitos anuales. Asimismo, si bien la base mínima para la amortización del capital y los intereses se estableció en dos años, el propósito estratégico de los equipos económicos locales apunta a estructurar esquemas de devolución a largo plazo que ronden los siete años de duración.
Finalmente, los adherentes del oficialismo defendieron el marco legal y de transparencia bajo el cual se elaboró y sancionó el proyecto de ley. Frente a las objeciones planteadas en el recinto por las bancadas opositoras del justicialismo, se remarcó que cada uno de los interrogantes y pedidos de informes de los diputados fueron debidamente respondidos y saldados en el transcurso de los encuentros técnicos de comisión previos a la votación definitiva.
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