El proyecto surge como respuesta a la persistente dificultad que enfrenta este colectivo para insertarse en puestos de trabajo estables y dignos. Según los fundamentos de la norma, la iniciativa no solo promueve la contratación directa, sino que exige que la inclusión sea parte estructural de las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), abarcando desde la accesibilidad en los entornos laborales hasta la integración en cadenas productivas.
Un eje central de la normativa es el régimen de beneficios diseñado para las empresas que adopten estas políticas. El texto contempla reducciones en las cargas patronales, acceso preferencial a líneas de financiamiento y prioridades en las contrataciones con el Estado. Esta estructura de incentivos busca que la inclusión resulte competitiva para el empleador y sostenible en el tiempo.
Asimismo, la ley introduce una modificación crucial para el trabajador: la compatibilidad entre el empleo formal y la percepción de la pensión por discapacidad. Esta medida elimina el temor a la pérdida del beneficio asistencial, brindando la seguridad económica necesaria para que el aspirante decida ingresar al mercado laboral abierto.
Para garantizar la efectividad de la ley, se prevé la creación de un Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas. Este organismo utilizará indicadores específicos para evaluar el impacto real de las políticas implementadas por cada firma, otorgando un sello de cumplimiento que servirá como aval para los beneficios previstos.
“No alcanza con reconocer derechos, tenemos que generar oportunidades reales de trabajo”, sostuvo Andino durante la presentación. El legislador subrayó que el sector privado debe ser un protagonista activo en la construcción de un modelo de desarrollo equitativo, permitiendo que el talento de todas las personas, sin distinción, contribuya al crecimiento sostenible de la Argentina.
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