El Ejecutivo provincial ratifica el esquema de coparticipación y exige eficiencia en la gestión municipal

El Gobierno de San Juan fijó una postura firme respecto a la transferencia de recursos hacia las comunas, subrayando que la distribución de fondos se realiza estrictamente bajo la normativa vigente. En un contexto de tensiones financieras, el Ejecutivo provincial remarcó que los municipios deben ejercer una administración austera y evitar el uso de partidas específicas para el financiamiento de su operatividad cotidiana.

El jefe de asesores de la Gobernación, Rodolfo Colombo, enfatizó que el flujo de capital hacia los departamentos no se ha interrumpido, pero cuestionó los criterios de asignación interna. "El dinero llega, el tema es para lo que lo usás", sentenció el funcionario, dejando en claro que recursos clave, como el Fondo de Desarrollo Regional, tienen como fin exclusivo la ejecución de infraestructura y no el pago de sueldos o servicios administrativos.

La administración provincial desalentó cualquier intento de modificar los marcos legales que regulan el destino de los fondos públicos. Colombo señaló que desviar recursos destinados a obras constituiría un error de gestión y llamó a los jefes comunales a profesionalizar la administración de sus arcas en lugar de solicitar asistencias financieras extraordinarias.

"No es pedir salvatajes, es administrar mejor", sostuvo el asesor, vinculando la necesidad de respuestas hacia los ciudadanos con la capacidad de cada municipio para reducir gastos innecesarios y alcanzar el equilibrio fiscal, siguiendo la línea de austeridad que pregona el gobernador Marcelo Orrego.

Desde el Gobierno central sostienen que el ordenamiento de las cuentas públicas provinciales es lo que permite hoy mantener los niveles de inversión en un escenario económico complejo. Bajo esta premisa, la gestión provincial busca que el ajuste y la eficiencia se repliquen en el orden municipal para garantizar que los fondos se traduzcan en mejoras directas para la comunidad.

La postura oficial cierra la puerta, por el momento, a flexibilizar el uso de partidas especiales, exigiendo a los intendentes que las respuestas a las demandas sociales provengan de una gestión de recursos más eficaz y no de una mayor presión sobre el tesoro provincial.