El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) continúa con los procedimientos legales para retirar la adjudicación de casas que no cumplen con el requisito obligatorio de ser habitadas por sus beneficiarios. La directora del organismo, Elina Peralta, confirmó que actualmente hay 40 viviendas que ingresaron a la primera fase del proceso de revocación, seleccionadas tras un minucioso análisis de aproximadamente 300 denuncias particulares presentadas ante la institución.
Las unidades que completen con éxito el trámite legal, cuya última instancia de resolución administrativa corresponde a la Fiscalía de Estado, serán destinadas a un nuevo sorteo general que el Gobierno provincial proyecta realizar durante el mes de agosto. Previo a su reincorporación al padrón de postulantes, el IPV llevará a cabo una evaluación del estado edilicio de cada inmueble y ejecutará las obras de reparación necesarias para garantizar que las estructuras se entreguen en óptimas condiciones de habitabilidad.
Desde la conducción del organismo ratificaron que la totalidad de las viviendas recuperadas se adjudicarán exclusivamente mediante el sistema de sorteo público, descartando las asignaciones directas por vías de excepción o beneficios para quienes hayan radicado las denuncias. Las propiedades en proceso de fiscalización se encuentran dispersas en complejos habitacionales de diversa antigüedad, estimándose un promedio de entre una y cinco casas recuperadas por barrio, tal como ocurrió en las convocatorias del año anterior.
Para llevar adelante esta tarea, el IPV cuenta con un cuerpo técnico abocado de forma exclusiva a auditar los expedientes rezagados de gestiones previas y a recolectar pruebas que certifiquen el abandono o el uso indebido de los inmuebles. Las inspecciones han detectado diversas maniobras de los adjudicatarios para simular la ocupación de los domicilios, tales como amoblamientos sin uso, mantenimiento de fachadas o ampliaciones edilicias recientes. Sin embargo, el cruce de datos sobre el nulo consumo de servicios públicos esenciales como luz y gas, sumado a las entrevistas vecinales que constatan alquileres clandestinos o rotación de ocupantes, resultan determinantes para fundamentar el pedido de revocación.
La medida busca transparentar el acceso a la vivienda y dar respuesta a una demanda histórica en la provincia, que actualmente cuenta con un padrón de 100.000 familias inscriptas a la espera de una solución habitacional. Las autoridades enfatizaron que el objetivo de estas acciones no es el perjuicio de los beneficiarios, sino asegurar el cumplimiento del fin social y solidario para el cual fueron construidas las unidades.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.