La megacausa por la presunta estafa financiera de la firma Global Market Valores S.A. sumó un nuevo capítulo de tensión en los tribunales sanjuaninos. Los abogados querellantes Vanesa Laciar y el Dr. Fonzalida formalizaron un recurso de apelación para revertir la resolución del juez de Garantías Rodolfo Figuerola, quien se había declarado incompetente para seguir interviniendo en el expediente y ordenó su remisión inmediata a la Justicia Federal.
La estrategia de este sector de la querella radica en sostener que las maniobras denunciadas configuran una estafa de características comunes, por lo que el juzgamiento debe permanecer bajo la órbita de las autoridades judiciales de San Juan. Este planteo expuso una clara división de criterios entre los representantes de los damnificados, ya que otros letrados de la causa, como Marcelo Arancibia y María Ángel Hernández, avalaron el pase al fuero federal al considerar que dicha jurisdicción posee herramientas técnicas más complejas para rastrear los activos financieros.
En paralelo a la discusión por la competencia, la Cámara de Apelaciones ya designó al juez de Impugnación Daniel Guillén para resolver otro reclamo urgente de las víctimas: el rechazo de diversas medidas cautelares pedidas durante la instrucción. Entre las acciones denegadas figuran solicitudes de prisión preventiva para los principales imputados, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, así como órdenes de allanamiento y el secuestro de dispositivos móviles, medidas que la querella considera vitales para localizar el paradero de los fondos.
La investigación penal cobró relevancia pública tras la denuncia de decenas de ahorristas que entregaron capitales bajo la promesa de altos rendimientos que nunca percibieron. El quiebre del sistema se precipitó cuando la constructora Armegom intentó retirar cerca de $2.000 millones y se topó con activos ilíquidos. A partir de allí, la hipótesis fiscal determinó que el dinero de los particulares habría sido desviado hacia GMI Inversiones, una firma minera vinculada a los propios sospechosos, elevando el monto global del fraude a una cifra cercana a los $4.000 millones.
La resolución que defina el destino del expediente resulta clave para el futuro del proceso, dado que los denunciantes manifestaron su temor a que la causa sufra una parálisis por conflictos de competencia entre magistrados, postergando la búsqueda del dinero desaparecido y el avance de las pericias contables básicas.
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