El eje central de la iniciativa es la creación de la Agenda Ciudadana Provincial. A través de esta herramienta, integrada en la nueva Boleta Única Papel (BUP), los electores podrán elegir tres prioridades estratégicas entre diez opciones predefinidas (como Salud, Educación o Seguridad). Los temas que resulten mayoritarios se convertirán en mandatos institucionales obligatorios, forzando al sistema político a legislar y rendir cuentas anualmente sobre el avance de dichas áreas.
El proyecto apunta a una simplificación drástica del acto electoral para reducir el gasto público y evitar especulaciones partidarias. Entre los puntos más destacados se encuentran:
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Fin del SIPAD y sistemas de acoples: La propuesta exige la unicidad de candidaturas, permitiendo solo un postulante por categoría para cada fuerza política. Esto restablece el principio de elección directa y mayoría simple, eliminando las estructuras de lemas.
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Boleta Única y Calendario Fijo: Se propone el reemplazo de las boletas tradicionales por la BUP para garantizar equidad entre los partidos y el establecimiento de una fecha electoral inamovible por ley, neutralizando las ventajas del oficialismo de turno.
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Ficha Limpia y Programas de Gobierno: La reforma prohíbe candidaturas de personas con condenas ratificadas en segunda instancia por delitos de corrupción o contra la integridad sexual. Además, obliga a las alianzas a presentar un programa de metas verificables como requisito para oficializar listas.
Institucionalidad y debate
La iniciativa también contempla la obligatoriedad del debate público para candidatos a cargos ejecutivos y legislativos. En caso de ausencias injustificadas, se establece una sanción simbólica y pública: la colocación de una silueta a tamaño real en el espacio vacío asignado al candidato remiso.
Desde el espacio conducido por Baistrocchi señalaron que esta reforma se fundamenta en la autonomía provincial consagrada por la Constitución Nacional. Según explicaron, el objetivo es "erradicar la improvisación" y evolucionar hacia un modelo de gestión orientado a resultados, donde la plataforma electoral deje de ser una formalidad para convertirse en un compromiso auditable por la ciudadanía.
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