Una investigación sobre presuntos hechos de corrupción administrativa sacude a la Municipalidad de Zonda. El Tribunal de Cuentas de la provincia, en sintonía con un relevamiento impulsado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), constató graves irregularidades en la liquidación de haberes a personas que figuraban como agentes estatales pero que no cumplían con ninguna función laboral en la comuna.
El asesor legal del gremio, Roberto Correa Esbry, precisó que la maniobra quedó al descubierto luego de que el sindicato, respaldado por un escribano público, auditara de manera presencial diversas áreas del municipio. Durante los controles sorpresivos, las autoridades detectaron que aproximadamente 80 operarios registrados se encontraban ausentes de sus puestos de trabajo en el horario correspondiente.
De acuerdo con el informe de la querella, las anomalías eran variadas: se identificaron planillas con firmas de presentismo falsificadas por adelantado y casos de agentes que realizaban tareas de índole privada en el horario en que debían prestar servicios públicos. Hasta el momento, el escándalo derivó en el cese de contratos de tres involucrados —entre los que figura un sobrino del intendente Juan Atampiz, junto a los ciudadanos Miguel Ángel Gil y Manuel Isaías Casívar Tapia—, quienes debieron restituir judicialmente las sumas de dinero cobradas de forma indebida.
La profundización de la auditoría penal se vio parcialmente obstaculizada por un llamativo suceso de desorganización administrativa, ya que desde el entorno municipal argumentaron la pérdida física de los registros de asistencia históricos, un hecho calificado como inédito por los investigadores.
Tras el escándalo y las inspecciones gremiales, la intendencia dispuso la instalación urgente de dispositivos biométricos para digitalizar el control del personal. No obstante, desde el SEP adelantaron que la implementación tecnológica no frenará el curso de las acciones legales, por lo que continuarán impulsando la causa en los tribunales ordinarios para determinar el alcance total del fraude y las responsabilidades políticas implicadas.
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