Frente a la inminente entrada en vigencia del marco normativo que incorpora a los jóvenes de 14 y 15 años al sistema de responsabilidad penal, los registros judiciales del año 2025 revelan una incidencia acotada del sector juvenil en el mapa delictivo provincial. De un universo cercano a las 1.200 infracciones atribuidas a personas menores de 18 años, únicamente 252 episodios involucraron a la franja etaria que abarcará la nueva disposición.
En el cómputo global del delito en la provincia, la participación total de niños y adolescentes no alcanza el 2%, lo que desmitifica que la sola reducción de la edad punible resulte en una mejora sustancial de las condiciones de seguridad.
Criterios de persecución y vacíos normativos locales
El fuero especializado enfatizó que la eficacia del régimen dependerá en gran medida de las pautas de juzgamiento que defina el Ministerio Público Fiscal. Si la fiscalía decide perseguir penalmente la totalidad de las faltas sin ponderar la gravedad de los hechos, las causas judiciales podrían multiplicarse significativamente. Por el contrario, la aplicación de criterios de oportunidad focalizados en delitos de mayor entidad permitiría sostener una operatividad razonable dentro del sistema.
A pocas semanas del plazo fijado para la puesta en marcha de la ley, la Provincia aún debe dirimir los mecanismos concretos de ejecución. La falta de un código procesal juvenil adecuado o de directrices claras por parte del máximo tribunal local dificulta la articulación entre magistrados, fiscales y defensores. Asimismo, la plena adopción del modelo exige la asignación de presupuesto, el despliegue de infraestructura institucional y la creación de programas socioeducativos enfocados en la contención e integración de los jóvenes vulnerables.
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