La Dirección de Defensa del Consumidor de San Juan se encuentra tramitando un conjunto de seis expedientes administrativos contra una empresa inmobiliaria a raíz de la comercialización de parcelas en el emprendimiento La Perla. Las actuaciones se iniciaron tras las presentaciones de compradores que notificaron graves faltas en las condiciones del contrato, asociadas tanto a la delimitación de los inmuebles como a la llegada de infraestructura indispensable.
Demoras prolongadas y falencias en la ubicación de las parcelas
Las reclamos formales apuntan a retrasos que alcanzan los 24 meses en la cesión formal de terrenos que debían disponer de conexiones operativas de luz y agua potable. Más allá de los plazos vencidos, la complicación central radica en la falta de individualización y catastro claro de las propiedades comercializadas.
Según advirtió la titular del área provincial, Fabiana Carrizo, las familias damnificadas desconocen la ubicación geográfica exacta y la nomenclatura catastral de las superficies adquiridas. Esta indeterminación técnica impide la toma de posesión efectiva y entorpece la regularización dominial de cada comprador.
Instancia conciliatoria y el riesgo de derivación penal
En el marco del procedimiento administrativo, las autoridades ya concretaron un primer encuentro entre las partes y convocaron a una nueva audiencia de mediación. Si bien la firma denunciada concurrió a los requerimientos y entregó documentación técnica vinculada a uno de los casos, los restantes planteos se mantienen sin resolución.
El objetivo prioritario del ente fiscalizador es lograr un resarcimiento o la restitución económica a los adquirentes. De no mediar un ofrecimiento satisfactorio por parte de la desarrolladora, las actuaciones serán remitidas al fuero penal bajo el encuadre del artículo 51 de la Ley de Defensa del Consumidor, el cual contempla la posible comisión del delito de estafa.
Tramitaciones operativas y recomendaciones para compradores
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Requerimientos a prestadoras: El organismo envió oficios a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) para determinar los plazos reales de factibilidad y ejecución de la red hídrica en el loteo.
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Tiempos de respuesta: Tras someterse a auditorías para la certificación de normas ISO, la repartición optimizó sus trámites administrativos para acelerar la definición de las causas.
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Precaución para adquirentes: Se sugiere a los ciudadanos consultar de manera previa en las municipalidades correspondientes si el proyecto cuenta con las habilitaciones urbanísticas y ordenanzas vigentes antes de efectuar cualquier desembolso.
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