La Municipalidad de Calingasta formalizó una denuncia penal ante la UFI Delitos Especiales tras constatar un faltante de $108.463.580,03 en los fondos públicos de la Comuna. El hecho fue revelado mediante una auditoría interna de rutina llevada a cabo por el área contable para la rendición de balances ante el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. La causa, que ya tuvo su audiencia de formalización bajo la carátula de peculado ante el juez de Garantías Sergio López Martí, derivó en la inmediata separación de su cargo de la extesorera municipal, Marta Noelia Campos.
El intendente de Calingasta, Sebastián Carvajal, detalló que la irregularidad abarca $52.995.746,12 correspondientes al ejercicio 2023 y $55.466.824,71 del período 2024. Según la reconstrucción previa, el dinero pertenecía a Rentas Generales y derivaba de los pagos que los vecinos realizaban por servicios municipales a través del sistema San Juan Servicios. La maniobra no habría consistido en una única extracción, sino en una retención o desvío progresivo ("efecto goteo") de los depósitos semanales que debían ingresar a las cuentas del banco municipal.
Apartamiento de la funcionaria e hipótesis de complicidad
Frente a la falta de documentación respaldatoria y los continuos retrasos para justificar los saldos, el Ejecutivo comunal resolvió apartar a Campos del manejo de fondos. Debido a que la exencargada de Tesorería pertenece a la planta permanente de la municipalidad, fue trasladada a otra dependencia sin acceso a tareas de gestión económica.
El jefe comunal no descartó que las pericias judiciales se retrotraigan a los períodos 2021 y 2022 para constatar si el mecanismo irregular funcionaba con anterioridad. En este sentido, planteó la posibilidad de que existan otros funcionarios o exautoridades de la gestión del exintendente Jorge Castañeda involucrados en el entramado.
Plazo procesal y compromiso de transparencia
Durante la audiencia de formalización, la Justicia concedió a los fiscales un plazo procesal de un año para analizar la documentación contable y determinar el destino final del dinero. Desde la intendencia señalaron que el análisis preliminar es sólido y desestimaron variaciones abruptas en la suma final denunciada.
Carvajal enmarcó la acción judicial como parte de una política de auditoría patrimonial y control de transparencia institucional impulsada en el departamento, remarcando que la prioridad del proceso es recuperar los recursos pertenecientes a la comunidad calingastina.
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