La investigación judicial que audita el desarrollo del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo tras la decisión del fuero de Garantías de otorgar una extensión clave a los plazos procesales. El Ministerio Público Fiscal tendrá hasta principios de noviembre para agotar las instancias de la etapa preliminar, lapso en el cual deberá definir si el manejo administrativo de la megaobra hídrica presenta irregularidades que ameriten una persecución penal.
Esta prórroga reviste un carácter definitorio para el expediente. Según lo establecido en las recientes audiencias judiciales, se trata de la última extensión permitida por la ley dentro de esta fase preparatoria. Una vez vencido el plazo otorgado por la magistrada a cargo, los investigadores estarán obligados a tomar una determinación de fondo: formalizar una acusación contra posibles responsables, solicitar el archivo definitivo de las actuaciones o recurrir a salidas alternativas previstas en el código procesal.
El foco en la burocracia, no en los materiales
Actualmente, el eje de la pesquisa no recae sobre cuestiones de ingeniería técnica ni sobre la calidad de los materiales empleados en la construcción. Las fuentes judiciales indicaron que el trabajo del equipo fiscal está concentrado exclusivamente en reconstruir y auditar el andamiaje burocrático del proyecto.
Para ello, los investigadores se encuentran analizando una voluminosa cantidad de expedientes, resoluciones oficiales, pliegos licitatorios y mecanismos de contratación. El objetivo central es verificar si, desde la planificación hasta la ejecución de la obra, los funcionarios y empresas involucradas cumplieron con la normativa vigente y los controles internos correspondientes.
Alternativas y trascendencia del caso
Dada la magnitud económica y la importancia estratégica del Acueducto Gran Tulum —una infraestructura vital para el abastecimiento de agua potable y el desarrollo demográfico de diversos departamentos de San Juan—, el avance de la causa genera fuerte expectativa.
Desde los tribunales locales aclararon que, en caso de que la Fiscalía no logre probar la existencia de un delito penal y decida archivar el caso, esto no exime a los responsables de futuras responsabilidades. Si más adelante surgieran objeciones estrictamente técnicas o por incumplimiento de los contratos, dichas controversias podrían dirimirse a través de demandas civiles o sumarios administrativos, por fuera del fuero penal que hoy lleva adelante la investigación.
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