El Gobierno de San Juan finaliza los aspectos técnicos de un proyecto de ley que modificará integralmente el marco regulatorio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La reforma legal, que será remitida de forma inminente a la Legislatura local, establecerá nuevos parámetros y condiciones para la postulación a casas sociales y créditos estatales; la novedad principal radica en la obligatoriedad de presentar un certificado que demuestre la ausencia de antecedentes penales para poder resultar beneficiario.
Convivencia vecinal y criterios de exclusión
El asesor letrado de la Provincia, Alejandro Ferrari, fundamentó la propuesta al señalar que la política habitacional del Estado debe priorizar a aquellos ciudadanos que demuestren apego a las normas y la legalidad. Según argumentó el funcionario en declaraciones radiales, la iniciativa responde de forma directa a reiterados reclamos de adjudicatarios de diversos complejos, quienes manifestaron su preocupación ante problemas de convivencia y hechos de inseguridad vinculados a perfiles con conductas delictivas.
En el filtro de selección de los postulantes, los equipos evaluadores pondrán especial atención en las causas penales relacionadas con violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Con este cruce de información institucional, la gestión provincial busca blindar la seguridad interna y el desarrollo pacífico de los nuevos conglomerados urbanos.
Destrabe a la burocracia de entidades intermedias
Más allá de las restricciones de acceso, la reforma contempla herramientas administrativas modernas para acelerar el ordenamiento de títulos de propiedad. La meta es agilizar la regularización de barrios históricos cuyos habitantes carecen de la escritura definitiva por fallas en las transferencias de terrenos o debido a que las cooperativas, sindicatos, fundaciones o mutuales que impulsaron los proyectos hace décadas hoy se encuentran disueltas o con graves deficiencias de personería jurídica.
El remanente de títulos pendientes
De acuerdo con los relevamientos oficiales que sustentan la iniciativa, al comienzo de la actual administración se contabilizaba un universo de 12.000 inmuebles del IPV sin escriturar. Aunque las áreas técnicas lograron normalizar la situación de poco más de 2.000 familias, todavía persiste un stock de aproximadamente 10.000 viviendas pendientes de titulación formal, un problema que también alcanza a urbanizaciones gestionadas en su momento por los municipios y que el nuevo texto legal pretende destrabar de manera definitiva.
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