El fiscal General Eduardo Quattropani realizó un pedido ante la Corte de Justicia que hace resurgir la polémica sobre el funcionamiento del “aparato administrativo”. En esencia, solicitó una auditoría sobre la Oficina Judicial Penal para verificar si llevó a cabo los sorteos entre jueces para la integración y la presidencia de los tribunales que intervinieron en los juicios de 2021 a 2023, y si se notificó a las partes intervinientes, como fiscales y defensores. El planteo no es menor, ya que conlleva, en subsidio, es decir, de forma eventual, un pedido de sumario si no se realizó el procedimiento de sorteos que estipula la ley, por lo que requirió que se determine qué autoridad habría autorizado una modalidad distinta a la norma y bajo qué argumentos.
En el núcleo central de su escrito, el jefe de los fiscales también solicitó que la investigación interna no la efectúe personal de la Secretaría Administrativa de la Corte, a cargo de Javier Vera, de quien depende la Oficina Judicial Penal, “a fin de salvaguardar la objetividad del proceso”. Ergo, excluye también al titular del área administrativa.
De esa manera, Quattropani volvió a poner en su mira Vera, al que había cuestionado, sin mencionar su nombre, por su influencia en el máximo tribunal cuando se otorgó un adicional a un grupo de administradores de las Oficinas Judiciales y en una acordada que dispuso cambios al mecanismo de asignación de los jueces a las causas, lo que, según definió, violaría el principio del juez natural.
La nueva embestida del jefe del Ministerio Público vuelve a poner en escena, por ahora, indirectamente, al secretario Administrativo como el principal responsable y por su deber de vigilancia sobre sus subordinados, como los que están a cargo de la Oficina Judicial Penal. Se verá si la auditoría arroja irregularidades y responsables. Así, la escalada de Quattropani contra Vera va en aumento y, a esta altura, no se descartan más capítulos.
Las movidas del fiscal General tienen un destinatario concreto, pero no dejan de ser un tiro por elevación a la propia Corte. ¿Llegará el punto en que Vera se convierta en un problema para el máximo tribunal o el presidente y el resto de los ministros lo sostendrán, dado que es una pieza clave para ellos, ante nuevos embates de Quattropani?
Por lo pronto, la Corte tiene que definir si envía el pedido de jefe del Ministerio Público a la Sala de Superintendencia y, desde ahí, si se ordena la auditoría. Si avanza y si se llegasen a confirmar irregularidades, deberá abrirse un sumario para establecer responsabilidades. O, por el contrario, la investigación puede determinar que las cosas se hicieron bien.
¿Qué plantea Quattropani? Si de 2021 a 2023, es decir, desde el inicio del sistema acusatorio penal de manera parcial, en la Oficina Judicial “se han realizado efectivamente los sorteos para la integración de los tribunales colegiados para intervenir en los juicios orales” y para “la designación del presidente del tribunal de juicio”. Además, “si la realización de tales sorteos ha sido notificada a las partes para su control y si se ha dejado constancia en las respectivas actas. Para el caso de que ello no se hubiera realizado en todas o en una parcialidad de causas, se determine quién autorizó tal omisión”.
Además, pidió que se establezca si, en ese plazo, se ha convocado a “jueces de impugnación (de apelación) para integrar tribunales de juicio” y que se determine “si efectivamente se ha efectuado el sorteo para su designación entre la totalidad de los magistrados que integran el Tribunal de Impugnación”, además de “si se ha sorteado la presidencia”. En ese marco, señaló que, “en caso negativo, se determine cuál ha sido el procedimiento seguido en cada caso y la norma o autoridad que autorizó la modalidad usada”.
De esa manera, concluyó que, en el caso de que no se ordene una auditoría, “sería pertinente se ordene la iniciación de un sumario administrativo para determinar si existen irregularidades” y, así, se establezcan “los responsables por acción, omisión o por incumplimiento del deber de vigilancia o control”.
Reunión con el Colegio de Jueces
Por otro lado, la Corte recibirá hoy a los integrantes del Colegio de Jueces, los que, en su mayoría, firmaron y presentaron una nota para que regrese a la acordada que, entre otros puntos, establecía que la Oficina Judicial Penal “podrá asignar un juez distinto, perteneciente al Colegio, en los casos en los que el juez proveniente tenga una gran carga de audiencias o se encuentre impedido o en juicio”.
Según trascendió, 12 de los 19 jueces de Garantías firmaron la nota. Fuentes consultadas indicaron que ha habido casos en que los magistrados han llegado a tener más de 10 audiencias de juicio por día y apuntan a que se fije un límite, por ejemplo, de seis audiencias por día. Además, pretenden que, en los casos de licencia prolongada de un colega, su reemplazo se defina día a día entre los 18 jueces restantes, indicaron las fuentes. No es lo único, ya que hay muchos que están de acuerdo en que se lleve adelante la división del Colegio de Jueces en un horario matutino y otro vespertino para la asignación de causas. Este último fue uno de los puntos había sido cuestionado por Quattropani.
Por el tema de la asignación de jueces a las causas, los miembros del máximo tribunal ya han recibido a Confias (el Consejo de Fiscales y Asesores) y a ASAP (la Asociación de Abogados Penalistas), por lo que los miembros del Colegio de Jueces apuestan a que sus reclamos y posturas también sean escuchadas. Según trascendió de Fiscalía General, todo este tema sería “discutible” y que se puede llegar a un acuerdo “si se pudiese hablar con buena fe”, para lo que sería necesario apartar de la charla “a lo administrativo”. Otra señal de la disputa.
